Procuraduría pide frenar modelo del nuevo pasaporte por irregularidades

El nuevo modelo de expedición de pasaportes impulsado por el Gobierno nacional enfrenta uno de sus mayores cuestionamientos desde su puesta en marcha. La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca la suspensión inmediata de los contratos que sustentan este sistema, al considerar que existen posibles irregularidades que comprometen su legalidad.

La petición fue presentada con carácter urgente y busca detener los efectos de los acuerdos firmados entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal, los cuales comenzaron a ejecutarse oficialmente el pasado 1 de abril. Para el Ministerio Público, el proceso presenta fallas estructurales desde su etapa de planeación.

Uno de los principales cuestionamientos radica en la ausencia de estudios de mercado que respalden la decisión de acudir a una contratación directa. Según la Procuraduría, esta omisión limita la transparencia del proceso y restringe la posibilidad de que otros operadores participen en condiciones de igualdad. Además, advierte que el valor del contrato, que supera el billón de pesos, exige un mayor rigor en su estructuración.

Otro punto crítico tiene que ver con la naturaleza jurídica de la Casa de la Moneda de Portugal. De acuerdo con el ente de control, esta entidad no cumpliría con las condiciones para ser considerada una institución pública extranjera, requisito esencial para la figura de convenio interadministrativo utilizada. Este aspecto pondría en entredicho la validez del mecanismo contractual adoptado.

A esto se suma el rol que desempeña la Imprenta Nacional de Colombia dentro del esquema. Las investigaciones indican que su participación sería limitada, concentrándose principalmente en la personalización de las libretas, mientras que las funciones principales recaen en el operador extranjero. Para la Procuraduría, esta situación desvirtúa la esencia del convenio y refuerza la necesidad de haber adelantado una licitación pública.

El organismo también manifestó su preocupación por el avance del contrato. Señala que, con la ejecución en curso y el traslado de equipos ya en marcha, cada día que pasa reduce la capacidad de la justicia para intervenir de manera efectiva y corregir posibles irregularidades.

En ese sentido, la Procuraduría no solo busca frenar temporalmente el modelo, sino que propone la estructuración de un nuevo esquema que garantice principios como la transparencia, la planeación y la selección objetiva, sin afectar la continuidad del servicio de expedición de pasaportes.

La decisión ahora queda en manos del Tribunal, que deberá definir si suspende o no el modelo, en medio de un debate que pone en el centro la transparencia en la contratación pública.