Petro defiende diálogos en Medellín: asegura que homicidios bajaron más que en Bogotá

El presidente Gustavo Petro salió a defender los polémicos diálogos de paz urbana que su Gobierno adelanta con las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá. Tras conocerse un balance de la mesa de conversación, el mandatario aseguró este viernes, 22 de mayo que la estrategia es la principal responsable de una reducción histórica en los índices de violencia en la capital antioqueña.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario aseguró que los avances del proceso han permitido que la tasa de homicidios en Medellín baje a niveles que, según dijo, son inferiores a los registrados en Bogotá y en la mayoría de capitales del país.

Petro advirtió además que cualquier intento por frenar o limitar las competencias del Ejecutivo en los procesos de paz podría tener efectos negativos en la seguridad de la ciudad.

“Algo que sería impensable hace unos años. El intento de quitarle la competencia del presidente como rector constitucional del orden público para sabotear procesos de paz en curso solo traería como consecuencia elevar la violencia en Medellín”, dijo.

Sin paz, crece la violencia

En su mensaje, el jefe de Estado afirmó que cuando no existen procesos de diálogo, lo que se fortalece es el narcotráfico y la violencia.

“El sabotaje a los procesos de paz solo es un suicidio”, escribió Petro, al insistir en la importancia de mantener las negociaciones con estructuras armadas en los territorios urbanos.

Las declaraciones se dieron luego de conocerse un comunicado del denominado Espacio de Conversación Socio Jurídica de Construcción de Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá, donde se respaldan los avances de la política de Paz Total.

Cifras de reducción de homicidios

En el documento, esta mesa de diálogo aseguró que Medellín alcanzó en 2024 la tasa de homicidios más baja en más de ocho décadas, con 10 casos por cada 100.000 habitantes. Para 2025, el indicador se ubicaría en 9,5.

También destacaron la disminución de otros hechos de violencia y la eliminación de las llamadas “fronteras invisibles” en varios sectores del área metropolitana.

Sin embargo, el informe advierte que el proceso enfrenta dificultades políticas, judiciales y operativas, además de la falta de avances en el Congreso para aprobar una ley que facilite el sometimiento de estructuras criminales.