Paloma Valencia cuestiona medidas del Gobierno y pide apoyo internacional para elecciones

Paloma Valencia anunció este lunes que tomó la iniciativa de enviar una carta a la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y al Departamento de Estado de EE.UU., solicitando un acompañamiento especial para las elecciones presidenciales que se llevaran a cabo el próximo 31 de mayo.
La candidata del Centro Democrático pidió a los organismos internacionales garantizar que haya elecciones libres en el país ante los beneficios judiciales otorgados a 23 miembros del crimen organizado del Valle de Aburrá.

"La suspensión de las órdenes de captura contra 23 bandidos, ordenada por la Fiscalía tras solicitud del Gobierno, a dos meses de elecciones podría terminar siendo un mecanismo de presión para obligar a las personas a votar por su candidato en las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo”, señaló Valencia.

De acuerdo a lo expuesto por la candidata, la carta está dirigida al secretario general de la ONU, António Guterres; al secretario de Estado de EE.UU., Maco Rubio, y a la presidenta de la CorteIDH, Nancy Hernández.

Paloma Valencia argumenta que la suspensión de las órdenes de captura contra 23 cabecillas, ordenada por la Fiscalía tras solicitud del Gobierno, a 2 meses de elecciones “podría terminar siendo un mecanismo de presión para obligar a las personas a votar por su candidato”.

"Aunque no liberen a los que ya están presos y condenados, envían un claro mensaje a la población y los grupos armados", dijo Valencia, quien señaló que la 'paz total', programa bandera del presidente Gustavo Petro, "ha sido un fracaso".

“Los grupos ilegales se fortalecieron y ahora suspenden las capturas contra sus líderes ad portas de la elección presidencial”, finalizó su comunicado Paloma Valencia.

Liberación de cabecillas

A finales de marzo, la Fiscalía colombiana suspendió por seis meses las órdenes de captura contra 23 miembros de bandas criminales que operan en Medellín, algunos de ellos ya presos, para que actúen como "voceros" en "Espacios de Conversación Sociojurídicos definidos por el Gobierno nacional con el objetivo de avanzar en el sometimiento de los grupos que representan".

La suspensión se dio por solicitud del Gobierno Nacional en el marco de la mesa de paz urbana instalada en la cárcel de Itagüí. El objetivo es facilitar la participación de estos líderes en los procesos de paz socio-jurídicos.