Fiscalía activa plan especial con mapa de riesgo para blindar elecciones del 8 de marzo

A 11 días de la primera jornada electoral de 2026, la Fiscalía General de la Nación puso en marcha una táctica transitoria para analizar y judicializar los delitos que puedan presentarse antes, durante y después de las elecciones legislativas del 8 de marzo y las consultas presidenciales.

El plan, asumido mediante la resolución 0047 de febrero de 2026, incluye la preparación de un mapa de riesgo electoral que identifica las zonas más frágiles del país. Este instrumento tiene en cuenta elementos como la presencia de grupos armados ilegales, la capacidad de respuesta institucional y las condiciones socioeconómicas de cada región, con el fin de priorizar territorios y enfocar allí las capacidades de policía judicial.

El ente investigador expuso que hará seguimiento a los 16 delitos electorales tipificados en la ley y a las denuncias vinculadas con amenazas o ataques contra candidatos y líderes sociales. Para ello, trabajará de manera organizada con la Defensoría del Pueblo, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, reforzando el intercambio de información y las alertas tempranas.

Uno de los objetivos principales será la financiación de campañas. La Fiscalía expuso la creación de un Observatorio de Financiación Electoral, que confirma el cumplimiento de topes, los gastos reportados y el origen de los recursos. Los descubrimientos permitirán producir informes focalizados e iniciar noticias criminales cuando se encuentren irregularidades.

Además, los días 8 de marzo y 31 de mayo la Fiscalía permitirá puntos especiales de admisión de denuncias en zonas de alta asistencia o donde no exista presencia física de la entidad. Esta estrategia se realizará en articulación con la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), del Ministerio del Interior. También fue aprobado un micrositio web con canales de denuncia y el mapa de riesgo electoral.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa, liderado por Pedro Sánchez Suárez, afirmó el despliegue de más de 246.000 integrantes de las Fuerzas Militares y la Policía para respaldar la seguridad en los 13.493 puestos de votación del país. La cartera favoreció 208 municipios con alto riesgo y ofreció recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita capturar a quienes intenten dañar la democracia.

Según el Gobierno, la combinación de inteligencia, presencia territorial y control a la financiación busca asegurar unos comicios transparentes y en paz.