Shakira recibirá más de 60 millones de euros tras fallo de la justicia española

La justicia de España emitió este lunes 18 de mayo una decisión favorable para Shakira, luego de ordenar a la Agencia Tributaria devolverle más de 60 millones de euros por un proceso relacionado con el año fiscal 2011. La determinación fue tomada por la Audiencia Nacional, que además anuló las sanciones tributarias que habían sido impuestas contra la artista.

El tribunal concluyó que no existían pruebas suficientes para demostrar que la barranquillera permaneció más de 183 días en territorio español durante ese año, requisito clave para considerarla residente fiscal en el país. Con esa conclusión, la justicia descartó que la cantante tuviera obligaciones tributarias en España por los ingresos obtenidos en ese periodo.

La residencia fiscal fue el centro de la disputa

La decisión representa el cierre de una de las últimas cuentas pendientes que mantenía la artista en España tras varios años de enfrentamientos legales con Hacienda. El caso giraba principalmente alrededor de la supuesta residencia fiscal de Shakira en 2011, argumento que la Agencia Tributaria defendió durante el proceso.

Las autoridades españolas sostenían que la cantante mantenía vínculos suficientes con el país debido a su relación sentimental con el exfutbolista Gerard Piqué. Sin embargo, la Audiencia Nacional rechazó esa interpretación y señaló que en ese momento no existía un vínculo conyugal entre ambos, ya que nunca estuvieron casados.

Además, el tribunal también descartó la existencia de un núcleo familiar con efectos legales en España, pues para 2011 la pareja no tenía hijos menores residiendo en el país. Con estos argumentos, la justicia consideró que la relación personal de la cantante no era suficiente para establecer residencia fiscal.

Durante ese mismo año, Shakira desarrollaba una gira internacional que la llevó a presentarse en distintos continentes. De acuerdo con la información expuesta por su equipo legal, la artista realizó 120 conciertos en 37 países, situación que respaldaría que gran parte de su tiempo transcurrió fuera de España.

La defensa también argumentó que la cantante no contaba entonces con vivienda permanente en territorio español, ni tenía hijos o sede empresarial establecida en ese país. Pese a ello, Hacienda le exigió tributar por las ganancias derivadas de esa gira mundial sin contemplar los gastos asociados a la producción y ejecución de los conciertos, situación que, según sus abogados, terminó generándole importantes pérdidas económicas.