Cuando la capital emite en verde: El nuevo rostro financiero de Bogotá

La reciente emisión del bono verde internacional de Bogotá no solo marca un hito para la capital colombiana, sino que también reabre la conversación sobre el futuro de las finanzas locales en el país. En un contexto en el que muchos inversionistas internacionales siguen a Colombia a través de índices, deuda soberana o incluso plataformas de trading como metatrader 4, el hecho de que un gobierno distrital coloque un bono verde de 600 millones de dólares equivalentes en los mercados globales cambia el foco: ahora la atención se desplaza hacia el nivel subnacional y hacia la capacidad de las ciudades para financiar su propia transición sostenible.

El bono verde de Bogotá es el primero de su tipo emitido por un municipio en América Latina, estructurado en pesos colombianos para mitigar el riesgo cambiario y con demanda que superó ampliamente la oferta, lo que envía una señal clara de confianza en la gestión fiscal de la ciudad. La operación permitió a la capital regresar a los mercados internacionales de capitales después de casi dos décadas, un hito relevante en un país que ha atravesado periodos de alta volatilidad fiscal y ajustes en su calificación crediticia.

Los recursos del bono se destinarán a proyectos concretos: la segunda línea del Metro de Bogotá, los cables aéreos de San Cristóbal y Potosí, y una nueva troncal de transporte sobre la Calle 13. Todos coinciden en el mismo objetivo: movilidad limpia, electrificación, reducción de emisiones y mejor acceso para comunidades de menores ingresos. En lugar de financiar gastos de corto plazo, el Distrito está asociando esta emisión con infraestructura transformadora que puede redefinir la productividad urbana y la calidad del aire por décadas. Esto otorga credibilidad a la etiqueta “verde” y evita percepciones de greenwashing, un riesgo frecuente en los mercados de bonos sostenibles.

Este paso dado por Bogotá no es aislado. A nivel nacional, Colombia ha venido construyendo un ecosistema sólido de finanzas sostenibles, con bonos verdes soberanos, la adopción de una Taxonomía Verde y una mayor sofisticación en el mercado de capitales local. El sector bancario y entidades como Findeter han impulsado instrumentos similares en años recientes, creando una base técnica y de inversionistas que hoy la capital puede aprovechar. La diferencia es que Bogotá lleva esta lógica al nivel subnacional, mostrando que una ciudad puede acceder de manera autónoma a financiamiento climático de gran escala.

Desde la perspectiva de las finanzas territoriales, el bono verde modifica varias dinámicas. Primero, permite diversificar las fuentes de recursos del Distrito, que ya no depende exclusivamente de impuestos, transferencias nacionales o créditos multilaterales. Segundo, introduce una capa de disciplina adicional: el marco de bonos verdes exige reportes periódicos sobre el uso de los fondos y sobre los impactos ambientales, lo que obliga a fortalecer la calidad de la información y la planificación. Tercero, convierte a Bogotá en un referente para otras ciudades y departamentos interesados en replicar el modelo.

Los inversionistas, por su parte, ven en el bono verde de Bogotá una mezcla inusual de riesgo y oportunidad. Por un lado, la ciudad es un emisor con una economía urbana robusta, capacidad recaudatoria amplia y proyectos alineados con la agenda global de descarbonización. Por otro, opera en un país con desafíos fiscales estructurales y episodios de volatilidad financiera. Esta dualidad convierte la emisión en un experimento: si Bogotá demuestra transparencia, cumplimiento y eficiencia, podría consolidarse como un emisor subnacional atractivo incluso frente a incertidumbres nacionales.

El bono también tiene implicaciones en materia de gobernanza. La adopción de un marco técnico alineado con estándares internacionales obliga a la administración actual y a las futuras a mantener criterios claros para la selección de proyectos, la ejecución de recursos y la medición de resultados. En la práctica, el bono funciona como un compromiso de largo plazo entre la ciudad y los inversionistas. Un uso indebido de los recursos o la falta de seguimiento tendría costos reputacionales significativos, algo que ninguna administración local estaría dispuesta a asumir ahora que Bogotá entra al club de emisores internacionales.

El impacto territorial de esta emisión tampoco es menor. Los proyectos financiados con el bono se desarrollan, en gran parte, en zonas con altos niveles de vulnerabilidad y baja conectividad. Un cable aéreo o una troncal de transporte pueden reducir drásticamente los tiempos de viaje y aumentar el acceso a empleo, educación y servicios. Si estos beneficios se materializan, Bogotá podrá demostrar que la deuda verde no solo mejora indicadores ambientales, sino que también reduce desigualdades urbanas históricas. Esto fortalecería la legitimidad social de los bonos sostenibles ante los ciudadanos, algo fundamental para mantener el apoyo político a estas herramientas.

Hacia adelante, el bono verde de Bogotá plantea una pregunta clave para Colombia: ¿pueden las ciudades convertirse en motores autónomos de financiamiento climático, complementando pero no dependiendo exclusivamente del gobierno central? Para lograrlo, es necesario fomentar marcos fiscales que permitan un endeudamiento responsable, capacidades técnicas para estructurar emisiones y coordinación con la Taxonomía Verde nacional. La experiencia de Bogotá demuestra que este camino es viable, pero también evidencia que no basta con una sola emisión: se necesita consolidar un historial de ejecución, impacto medible y diálogo permanente con los inversionistas.

En última instancia, el bono verde de Bogotá es más que un instrumento financiero; es una señal de que las finanzas locales en Colombia están entrando en una nueva etapa, una que combina sostenibilidad, transparencia y ambición urbana. Si la ciudad logra convertir esta emisión en obras concretas, mejoras tangibles y un modelo de gestión replicable, habrá marcado un antes y un después en la manera en que las capitales latinoamericanas se financian y se proyectan ante el mundo. Si, por el contrario, los retrasos o la falta de resultados erosionan la confianza, el entusiasmo inicial podría desvanecerse. El futuro de las finanzas locales dependerá, en gran medida, de la capacidad de Bogotá para demostrar que su apuesta verde no es solo un discurso, sino una transformación real y medible.