Las Farc presionan a comunidades para que no voten

El grupo guerrillero promueve la abstención en los comicios legislativos del 14 de marzo y presiona a la población para que no concurra a las urnas, denunciaron este viernes en Bogotá fuentes no gubernamentales.

"Las Farc están en una política de abstención en todo el país", dijo el director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Jorge Rojas, en la presentación de un estudio sobre los riesgos por factores de violencia para estos comicios.

La investigación fue realizada por un grupo técnico liderado por la independiente Misión de Observación Electoral (MOE) y con presencia de varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas Codhes, y concluyó que 420 de los 1.119 municipios del país afrontan riesgos de violencia con vistas a la jornada electoral.

Rojas dijo que, por ejemplo, en regiones del sur del país "las Farc han tomado la decisión de decirle a la gente que no puede votar, que quien vote va a recibir las consecuencias de sus acciones arbitrarias y de sus persecuciones contra la población civil".

En el caso del Ejército de Liberación Nacional, no existe claridad sobre su postura, continuó el activista, quien observó que, además de los rebeldes, los comicios también están amenazados por los nuevos grupos paramilitares.

"Es decir, tenemos unas dificultades reales de orden público atribuidas a grupos armados irregulares y a la presencia misma de la Fuerza Pública, que también ha generado, con acciones como bombardeos a pueblos indígenas y demás, desplazamientos forzados que ponen en entredicho las garantías electorales", dijo.

El director de Codhes observó que uno de los casos más críticos, sobre todo por acciones de expulsión y llegada de población, es el de Nariño.

Es una región en la que, por ejemplo, el Eln tiene sitiada con minas antipersonas una localidad, Samaniego, subrayó Rojas, para quien el caso de mayor gravedad, por número de desplazados e intensidad del conflicto, es el del departamento de Antioquia.

En este sentido, el activista observó que poco más de la mitad de los desplazados del año pasado en Colombia reconocidos por el Gobierno, que totalizaron 111.414 personas, tiene más de 18 años.

Son personas habilitadas para votar, observó Rojas, y enfatizó: "si no se hace algo para asegurar que estas personas participen en el debate electoral, vamos a tener algunas fracturas del proceso democrático y esto, en cierta medida, deslegitima la participación democrática real del pueblo colombiano".

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