Panamá, México, Colombia y Guatemala abren etapa contra el narcotráfico

Panamá, México, Colombia y Guatemala acordaron abrir una nueva etapa de cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, a la que invitaron a sumarse a los demás países de la región.

Tras una cumbre de unas cuatro horas celebrada en la capital panameña, los presidentes de los mencionados países, Martín Torrijos, Felipe Calderón, Álvaro Uribe y Álvaro Colom, respectivamente, suscribieron una declaración en ese sentido.

La declaración establece como principal fin tangible el compromiso de elaborar y suscribir en los próximos meses "un instrumento jurídico" abierto a que lo firmen otros países.

Ese instrumento jurídico debe servir para dinamizar y fortalecer la cooperación, entre las naciones que los suscriban, destinada a vencer al narcotráfico y todas sus ramificaciones en forma de crimen organizado.

La declaración, de diez puntos en forma de manifestaciones conjuntas, comienza por establecer "la legítima preocupación de la ciudadanía por el nivel de violencia existente en nuestros respectivos países".

Asimismo, considera que esa violencia es el resultado "perverso del problema mundial de las drogas y de la delincuencia organizada" y que "se expresa en amenazas como el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, la trata de personas y el tráfico de migrantes y las conexiones entre ellas"

También advierte que "la delincuencia organizada atenta contra las instituciones de los Estados, erosiona la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y consecuentemente tiene efectos altamente negativos para nuestras sociedades".

Para "profundizar la cooperación efectiva y oportuna entre las autoridades competentes de nuestros países", en primer lugar, los presidentes convocados a esta cumbre manifiestan "que la delincuencia organizada y el problema mundial de las drogas constituyen una amenaza para la gobernabilidad democrática, la seguridad del Estado y la sociedad".

En segundo lugar, se comprometen a que "se concrete la suscripción de un instrumento jurídico único y abierto a la firma de otros países de la región" destinado a iniciar una nueva etapa en la colaboración entre sus países contra el tráfico de drogas y sus demás derivaciones delictivas.

También se comprometen a dar a la lucha contra el crimen organizado carácter de "prioridad de política pública que exige acciones decididas, concertadas y coordinadas de cooperación por parte de nuestros Gobiernos, teniendo como base el principio de corresponsabilidad".

Los presidentes de México, Colombia, Panamá y Guatemala, a través de esta declaración, "instan a los órganos pertinentes del Estado" en sus respectivos países a que "fortalezcan los esfuerzos en la lucha contra la delincuencia organizada, el narcotráfico, el tráfico de armas y el lavado de activos".

En relación al "lavado" de dinero, "reconocen la importancia de unir esfuerzos para compartir, de forma continua y eficaz, mayor información relacionada con este fenómeno".

Los gobernantes plasmaron en la declaración de Panamá igualmente su voluntad de fortalecer "las acciones conjuntas encaminadas a combatir a las organizaciones internacionales dedicadas al tráfico de migrantes".

Y finalmente, manifiestan su determinación de agilizar y mejorar el intercambio de información, estrechar la cooperación a efecto de lograr una más efectiva judicialización de casos, colaborar en la capacitación del personal destinado a combatir la criminalidad y "promover esquemas de colaboración estrecha entre autoridades migratorias".

Tras la lectura de esta declaración, el presidente Álvaro Uribe propuso además endurecer las legislaciones contra el consumo de drogas.

"Si luchamos contra la producción y el tráfico, contra los cultivos, contra la elaboración de precursores químicos...por qué somos permisivos con el consumo de drogas", se preguntó Uribe.

Esta cumbre obedeció a una iniciativa que presentó el presidente de Panamá el pasado diciembre durante la Cumbre de América Latina y el Caribe celebrada en la ciudad brasileña de Costa do Sauípe, que fue secundada por los Gobiernos de México, Guatemala y Colombia.


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