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| Los Concejales colombianos están en la mira de las FARC |
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Colombia.com (14/Jul/2007): El presidente de la Federación Colombiana de Concejales, Francisco Arenas, advirtió que las acciones armadas contra concejales podrían aumentar en la medida en que se aproximen las elecciones municipales.
Además advirtió que unos mil 250 concejales registran amenazas de muerte este año y otros seis fueron asesinados.
En declaraciones a una radioemisora local, el dirigente gremial señaló que el más reciente ataque ocurrió el martes pasado en Doncello, en el departamento de Caquetá, y causó la muerte a dos políticos.
Así mismo se conoció que los dos concejales asesinados hace dos días conformaban un grupo de más de 270 políticos y familiares en "situación de riesgo" por amenazas de la guerrilla de las FARC en el departamento sureño de Caquetá, según un informe de la Defensoría del Pueblo.
El documento fue elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas de esa dependencia humanitaria estatal, que lo presentó al gobierno el 8 de septiembre de 2006, con la recomendación de medidas necesarias para proteger a los ciudadanos en peligro.
El defensor del Pueblo, Volmar Pérez, dijo que el llamado "Informe de riesgo" documenta el caso de las localidades caqueteñas de El Doncello, Puerto Rico y San Vicente del Caguán, a la primera de las cuales pertenecían los concejales Ofelia Betancourt y Argemiro Medina, asesinados el pasado 11 de julio junto a Rosalba Betancourt, hermana de la primera legisladora municipal.
Las víctimas fueron tiroteadas en sus domicilios por presuntos rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que también buscaron a los otros diez concejales del pueblo.
Pérez precisó que el informe menciona como personas en riesgo a los tres alcaldes de las mismas poblaciones, a sus 33 concejales, a 24 funcionarios de los gobiernos y los legislativos locales, y a 210 familiares de todos ellos.
Ante la amenaza, la Defensoría del Pueblo recomendó a las autoridades regionales y nacionales que adoptaran "las medidas necesarias para disuadir, mitigar o neutralizar el riesgo".
Según el estudio, el riesgo para estos ciudadanos se deriva "de las intenciones de la guerrilla de las FARC por establecer un control sobre las estructuras del poder local, las decisiones administrativas y la asignación de los recursos públicos".
Tras condenar los crímenes cometidos en El Doncello, el defensor del Pueblo exigió a los grupos armados ilegales que excluyan definitivamente del conflicto a la población civil, y dijo que espera que las autoridades "redoblen esfuerzos" para proteger a políticos y ciudadanos.
Con información de EFE
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