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(30/Oct/2009): La Corte Penal Internacional tendrá plenos poderes en Colombia a partir del 1 de noviembre, cuando vence la moratoria de siete años que el Gobierno solicitó para investigar delitos de guerra, al adherirse al Tratado de Roma.
En 2002, cuando comenzó a operar la CPI, el presidente saliente, Andrés Pastrana, y el entonces recién elegido, Álvaro Uribe, consideraron conveniente pedir la moratoria para facilitar una salida negociada al conflicto armado.
Pastrana dejaba un Gobierno en el que había intentado, sin éxito, una negociación política con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más antigua de América y que había sembrado el caos con tomas de pueblos y secuestros masivos, para la que creó una zona de distensión en un territorio que por extensión se asemeja a Suiza.
Por su lado, Uribe recibía el poder sin intenciones de hablar con los rebeldes y con la promesa de retomar el territorio nacional por medio de la Fuerza Pública; para ello implementó un plan que denominó "Política de Seguridad Democrática".
Vencido el periodo de gracia, el conflicto sigue vivo en Colombia; el único acuerdo se alcanzó con los paramilitares, cuyos principales líderes están extraditados a Estados Unidos por el delito de narcotráfico tras acogerse a la Ley de Justicia y Paz, que ofrecía garantías a cambio de confesiones.
Con toda su legitimidad, la CPI podrá ahora investigar delitos de lesa humanidad y genocidio ocurridos desde 2002, pero solo podrá atender crímenes de guerra posteriores al 1 de noviembre de 2009.
Esta es la mayor crítica de los defensores de los derechos humanos, como explicó a Efe el activista Alirio Uribe Muñoz, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo: "aquí los crímenes se han cometido y la guerra ha estado dirigida hacia la población civil" en los últimos años.
Lo particular, como explica Uribe Muñoz, es que dependiendo de la causa que presenta un fiscal o el enfoque que le de un juez al caso, un mismo delito puede considerarse de lesa humanidad o de guerra.
Así, la CPI solo podrá investigar el reclutamiento de menores o el desplazamiento forzoso de los últimos años si se presenta como delito de lesa humanidad y no como crimen de guerra.
Pese a que la Corte Penal no tendrá vigencia plena hasta el próximo domingo, este tribunal comenzó a hacer indagaciones en 2005, cuando la Fiscalía del organismo colocó a Colombia "bajo supervisión".
En marzo de ese año indagó conductas relativas a delitos atribuidos a paramilitares, guerrilleros y Fuerza Pública.
Tres años después, en julio de 2008, el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo, solicitó al Gobierno de Uribe precisar si la extradición de dirigentes paramilitares a Estados Unidos (país que no ha suscrito el Tratado de Roma) podría afectar su procesamiento.
Y es que el fin de la CPI es intervenir cuando los Estados no realicen investigaciones o éstas no sean eficaces, es decir, cuando se detecte impunidad en los procesos judiciales por delitos graves.
Esto significa también que puede revisar condenas nimias o aquellas en las que no se identificaron a todos los autores del delito.
La CPI tendrá jurisdicción para juzgar en Colombia delitos como el reclutamiento forzoso de menores por bandas armadas, masacres, desplazamiento masivo, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, nexos entre políticos y paramilitares, torturas y abuso sexual.
Además, podrá investigar y sancionar a los militares estadounidenses que actúen con impunidad en territorio colombiano.
Las personas que tienen responsabilidad ante la CPI son mayores de 18 años, sin excluir jefes de Estado o de Gobierno, ni funcionarios, incluso si tienen inmunidad.
Aunque la CPI ha actuado ya en distintos países, el caso más sonado y reciente se ha dado en Sudán.
El pasado marzo este tribunal emitió su primera orden de arresto contra un presidente en activo: Omar al Bashir, acusado de 300.000 muertes y del desplazamiento forzoso de tres millones de sudaneses.
Aun así, Al Bashir no ha sido detenido porque hasta ahora no ha visitado ningún país que haya firmado el Tratado de Roma. EFE