CPI llega a Colombia con plenos poderes tras siete años de moratoria

La Corte Penal Internacional tendrá plenos poderes en Colombia a partir del 1 de noviembre, cuando vence la moratoria de siete años que el Gobierno solicitó para investigar delitos de guerra, al adherirse al Tratado de Roma.

En 2002, cuando comenzó a operar la CPI, el presidente saliente, Andrés Pastrana, y el entonces recién elegido, Álvaro Uribe, consideraron conveniente pedir la moratoria para facilitar una salida negociada al conflicto armado.

Pastrana dejaba un Gobierno en el que había intentado, sin éxito, una negociación política con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la guerrilla más antigua de América y que había sembrado el caos con tomas de pueblos y secuestros masivos, para la que creó una zona de distensión en un territorio que por extensión se asemeja a Suiza.

Por su lado, Uribe recibía el poder sin intenciones de hablar con los rebeldes y con la promesa de retomar el territorio nacional por medio de la Fuerza Pública; para ello implementó un plan que denominó "Política de Seguridad Democrática".

Vencido el periodo de gracia, el conflicto sigue vivo en Colombia; el único acuerdo se alcanzó con los paramilitares, cuyos principales líderes están extraditados a Estados Unidos por el delito de narcotráfico tras acogerse a la Ley de Justicia y Paz, que ofrecía garantías a cambio de confesiones.

Con toda su legitimidad, la CPI podrá ahora investigar delitos de lesa humanidad y genocidio ocurridos desde 2002, pero solo podrá atender crímenes de guerra posteriores al 1 de noviembre de 2009.