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(05/Nov/2009): El Gobierno debe reconocer a las personas desplazadas como víctimas del conflicto armado y avanzar en el cumplimiento del goce efectivo de derechos de los afectados de acuerdo con lo estipulado por la Corte Constitucional.
Esta petición fue realizada este jueves por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en una audiencia del 137 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 2004, la Corte Constitucional declaró mediante sentencia que el desplazamiento constituye un "estado de cosas inconstitucional" por la violación masiva de los derechos humanos de las personas obligadas a huir en medio del conflicto y ha emitido varias órdenes al Gobierno para superar esta crisis.
Los portavoces de CODHES, Jorge Rojas y Marco Romero, afirmaron que el desplazamiento forzado en Colombia, que afecta a entre 3,2 y 4,6 millones de personas, constituye la "crisis humanitaria más grave del continente americano".
Denunciaron que no ha habido ni una sola condena judicial por el delito de desplazamiento y que ninguna víctima ha sido reparada en aplicación de la Ley de Justicia y Paz, a pesar de que paramilitares desmovilizados admitieron 369 casos de desplazamiento forzado.
"Los desplazados huyen de las zonas de enfrentamiento entre tropas oficiales y guerrillas, de los lugares donde se fumigan plantaciones de coca destinadas a la producción de drogas y de los departamentos en los que han resurgido con fuerza grupos paramilitares", señaló Rojas.
Desde 2002, año en el que el presidente Álvaro Uribe asumió el poder en Colombia, un promedio de 280.000 personas han sido desplazadas al año, explicó, citando fuentes de la agencia gubernamental Acción Social y la Cooperación Internacional, entidad encargada del registro y la atención de las personas desplazadas.
Romero afirmó que el 80,7% de los desplazados sobreviven en condiciones de indigencia y se observa un proceso acelerado de empobrecimiento de la mayoría de estas víctimas.
Un total de 5,5 millones de hectáreas fueron despojadas o abandonadas por el conflicto desde 1998 mediante presiones y acciones violentas que afectaron a 385.000 familias, según CODHES.
La Corte Constitucional ordenó al Gobierno revisar la política de restitución y adjudicación de tierras para las familias rurales desplazadas por la violencia, tras considerar que no ha servido para reparar sus derechos, puntualizó.
Rojas reconoció que ha habido "esfuerzos" por parte del Gobierno para prevenir el desplazamiento, pero éstos han sido "insuficientes" a la luz de que no hay una tendencia a la reducción.
Romero afirmó que en Colombia existe "una buena ley" sobre los desplazados y que ha habido "avances importantes" desde la sentencia de la Corte, en la cobertura de ciertos servicios a este colectivo por ejemplo, pero recalcó que el Gobierno aún no ha cumplido el dictamen del Alto Tribunal cinco años después.
"El Gobierno tomó la decisión de dar un salto cualitativo y lo valoramos, pero hay todavía deficiencias" en cuanto a la prevención y protección de los desplazados, soluciones duraderas y diferenciadas para mujeres, niños, afrodescendientes e indígenas, la reparación integral y restitución y adjudicación de tierras, dijo.
El embajador de Colombia ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos, señaló que "el remedio de fondo" a este problemática es que el derecho social se extienda a todos los rincones del país.
Junto con el alto consejero presidencial para la Acción Social, Diego Molano, destacó los avances logrados por el Gobierno, pero reconoció que éstos son "insuficientes" y reiteró el interés del Gobierno por seguir trabajando para solucionar el problema.
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