Procuraduría abrió la investigación formal a los militares implicados en la masacre de Jamundí

La Procuraduría General de Colombia anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra 32 miembros del Ejército y de la Policía por la matanza, en mayo pasado, de 10 miembros de esa segunda institución y un civil.

Según fuentes de ese organismo de control, efectivos de un batallón "causaron la muerte a siete servidores de la Policía, adscritos a la Dirección Central de Policía Judicial (DIJIN), a tres del Grupo de Hidrocarburos de esa institución, y a un civil que los acompañaba".

La matanza, que inicialmente fue presentada como "fuego amigo", se registró el 22 de mayo en la zona rural Potrerito, del municipio de Jamundí (Valle, suroeste).

Los militares y policías afectados con la decisión de la Procuraduría habrían incurrido "en homicidio agravado", según esa entidad.

El coronel Bayron Gabriel Carvajal Osorio y el mayor Carlos Alberto Lozano Rojas, ambos del Ejército, además, "habrían incurrido en lo que el Código Penal denomina 'empleo ilegal de la fuerza pública'", añadió la misma entidad.

De acuerdo con las investigaciones, "la presencia de las tropas militares en el sector de Potrerito no habría estado debidamente justificada", añade un comunicado de la Procuraduría.

Según los informes y testimonios iniciales, explica, "no es claro si lo que se pretendía evitar era un secuestro, proteger la infraestructura eléctrica o realizar un registro y control del área".

Los miembros de la Policía que murieron buscaban en esa zona un escondite con cien kilos de cocaína, señala también la Procuraduría.

"La Procuraduría busca establecer las condiciones en las que se llevó a cabo el procedimiento militar", dice.

"Las circunstancias descritas indican que, al parecer, la operación no habría sido producto de una reacción ante un ataque inesperado de los miembros de la Policía que estaban presentes en el lugar de los hechos en compañía de un civil", precisa la entidad.

Asimismo se investiga por qué la misión de los policías "no cumplía los presupuestos mínimos de seguridad y se desatendieron requisitos legales y reglamentarios de obligatoria aplicación".

Adicionalmente, investiga "la inexistencia de la orden de servicios que fundamentara la actividad de la Policía, dado que, al parecer, dicha orden habría sido elaborada con posterioridad a los hechos y con una firma falsa".

Los uniformados afectados con la decisión disciplinaria se encuentran suspendidos y detenidos actualmente y simultáneamente afrontan una investigación penal.

Entre ellos figuran, además del coronel Carvajal y el mayor Lozano Rojas, otro teniente del Ejército y un mayor y una subteniente de la Policía, así como suboficiales y soldados.

Con información de EFE

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