Colombia.com (19/Dic/2006): Comenzó el juicio del año, contra un coronel y catorce militares acusados de asesinar en mayo pasado a diez policías y un civil que ejecutaban una operación antinarcóticos en el departamento del Valle del Cauca (suroeste).
El proceso judicial empezó en Cali, capital del Valle del Cauca, donde el juez Edmundo López Guerrero preguntó su se declaraban culpables o inocentes y todos dijeron ser esto último.
La matanza se registró el pasado 22 de mayo en una hacienda de Jamundí, unos 500 kilómetros al suroeste de Bogotá, en la que irrumpieron los militares y a la que, según testigos, llegó de civil el destituido coronel Byron Carvajal.
Los quince militares están acusados de "homicidio agravado" y de protagonizar una emboscada.
Pero la defensa anunció que argumentará que fue un enfrentamiento erróneo de dos unidades de las Fuerzas Armadas.
El abogado Julio César Pérez, abogado del ex coronel Carvajal, explicó a los periodistas que, si bien la Policía afirma que el día de la matanza se iban a confiscar 200 kilos de cocaína, hay testigos de que se iba a desarticular un laboratorio de drogas.
Las primeras declaraciones
No hay obligación directa para que la Dijín comunique sobre sus procedimientos... La Dijín no está bajo control operacional”, aseguró el general ante la pregunta sobre una directiva del Ministerio de Justicia --mencionada en repetidas ocasiones por la defensa--, en la que se pide una coordinación entre fuerzas en zonas con amenaza terrorista.
Exaltó a sus hombres caídos y aseguró que considera que ellos agotaron los procedimientos. También indicó que una irregularidad en la orden de servicio y el plan de marcha de esa verificación es investigada por la Procuraduría.
“Pero estamos ante una falsedad inocua, ya que lo consignado en la orden de marcha se ajusta a la verdad”, expresó, al tiempo que aclaró que se enteró de la verificación de una droga que iban a realizar sus hombres por boca del subdirector de la Dijín, el coronel César Pinzón.
Igualmente, ante la pregunta de uno de los defensores sobre la presencia del informante encapuchado en la entrada de la Fundación Mi Casita, en Potrerito, donde ocurrieron los hechos, Naranjo respondió que el hecho de que aquél haya ido le da credibilidad a los datos entregados por éste, además “es absolutamente normal que uno de los requisitos para su seguridad es que no lo identifique”.
Naranjo recalcó sobre la identificación de sus hombres al tener la chaqueta y la goliana (gorra) con la palabra Policía. Y contestó, ante la pregunta de uno de los abogados, sobre si ese uniforme ha sido utilizado por grupos irregulares que “los grupos al margen de la ley nunca han aparecido en combate con chaquetilla policial”.
Además, indicó que sí han aparecido con el uniforme del Ejército y recordó el secuestro de los diputados de la Asamblea del Valle.
Bayron interrogó. Luego del testimonio del general Naranjo fue llamado Fabián Ronquillo, investigador del CTI, quien habló del trabajo de campo que hizo al verificar el celular 3122572202,
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Sepelio de policías asesinados
desde el que se llamó a varios de los militares detenidos y del civil muerto.
En la verificación, Ronquillo descubrió que el teléfono había sido alquilado a un soldado profesional, adscrito al Batallón de Alta Montaña, por el sargento Luis Eduardo Mahecha.
Ante estas aseveraciones, el propio Bayron Carvajal pidió, al finalizar las intervenciones de los defensores, que le permitieran interrogar a Ronquillo.
Le hizo seis preguntas, algunas de ellas objetadas por el fiscal, quien, incluso en una acusación, indicó que el teniente coronel en retiro tuvo un desacato al negarse, en un primer momento, a replantear una pregunta, como se lo ordenó el juez.
“¿Si el celular no fue incautado, cómo se puede afirmar que el sargento Mahecha lo tenía cuando realizaron esas llamadas?”, dijo Carvajal. Sin embargo la pregunta no fue aceptada.
Precisamente, al presentar su teoría del caso, el fiscal Javier Orlando Tamayo habló de un sargento retirado, quien perteneció al Batallón de Alta Montaña, quien tuvo contacto con Luis Eduardo Betancourt, el informante muerto.
El mismo suboficial, según el fiscal, era el encargado de comunicarle a Carvajal el desplazamiento del Comca hacia Potrerito.
Mahecha, al parecer, fue la persona que llamó al informante cuando éste se desplazaba con los policiales muertos hacia Potrerito. Luego, llamó al teniente Harrison Castro, uno de los procesados. También tiene otra llamada, a las 6:29 p.m., al teniente.
Las teorías del caso.
“Señor juez, este es el caso de una masacre. La Fiscalía demostrará que los acusados para el 22 de mayo, de manera premeditada y por órdenes de Bayron Carvajal emboscaron y masacraron a once personas”. Así arrancó el fiscal su teoría del caso.
Luego, enunció a sus 42 testigos y cómo iba a probar con ellos esta teoría.
Minutos antes los quince acusados, uno a uno, se declararon inocentes del cargo de homicidio agravado.
Por su parte, los seis defensores insistieron que se trató de un combate “por la falta de coordinación de los policías”.
Datos claves
1. Hoy serán llamados a declarar el mayor Eliécer Camacho, jefe del grupo Comca, y Diana Bianey Marulanda, quien elaboró la orden de servicios cuestionada.
2. Durante el juicio, presidido por el Juez Cuarto Especializado, la Fiscalía presentará 42 testigos y la defensa 140. Algunos de ellos se repiten, como es el caso del general Óscar Naranjo.
3. Los quince militares procesados tienen seis abogados. Algunos de ellos también los acompañan en el proceso de la Procuraduría.
Los uniformados muertos
Mayor Elkin Leonardo Molina Aldana
Inte. Ramón Darío Galvis Londoño
Subintendente
La Fiscalía investigará el caso
William Rodríguez Montero
Subintendente Carlos Murillo Castañeda
Subintendente Roosvelt García Ramírez
Patrullero Franklin Orlando Sánchez Bautista
Agente Luis Alberto Farfán Catiblanco
Intendente Gilmar Mamián Jiménez
Patrullero José Luis Rodríguez Niño José Luis
Patrullero Pedro León Perea Galindo
Es hora de que en colombia los corruptos y desleales a la republica esten tras las rejas ya que la pena de muerte no existe en ese pais.
Si el problema es el dinero de las drogas pues asi como en españa y en la mayoria de paises es libre su consumo tambien que para colombia sea libre su exportacion y problema solucionado a los jovenes de los paises desarrollados les costara menos dinero y el flajelo colombiano se debilitara camino a su final.
