La Corte Suprema se niega a convertir delito común en político para favorecer a los “paras”.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJ) reiteró que el delito común no puede convertirse en político y aclaró que esa ratificación no puede considerarse como un obstáculo al proceso de paz con los paramilitares.

La Sala Penal del alto tribunal así lo precisó en momentos en que el presidente Álvaro Uribe insistió en que va a presentar un proyecto legislativo para resolver la situación de 18.000 paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se acogieron a una ley en base a que sus delitos serían considerados políticos.

La Corte ratificó sus argumentos y subrayó que los delitos tienen "esencia diametralmente diferente" y al convertir uno en otro se actúa "contrario a la Constitución nacional".

Indicó, asimismo, que su sentencia sobre este asunto no debe ser vista como un obstáculo al proceso de paz, sino que se trata simplemente del "nítido cumplimiento del deber".

El máximo tribunal de justicia del país destacó también que no se opone, al contrario, apoya los esfuerzos para que el proceso de justicia y paz llegue a buen término, pero explica que éstos deben realizarse "sin ofensa de la Constitución".

"La Sala refrenda su vocación de contribución plena a la reconciliación en el marco de los principios y valores que informan el Estado Social y Democrático de Derecho. De igual modo ofrece debido acatamiento a la competencia de las demás autoridades y eso mismo demanda para la suya".

El martes los jefes de las AUC se declararon en rebeldía y advirtieron que no acudirán a las diligencias judiciales, al no ser reconocidas ahora sus acciones como delitos políticos.

Los líderes paramilitares detenidos en varias cárceles del país declararon su rebeldía, luego de un fallo de la CSJ que negó la posibilidad de que sean juzgados por sedición, es decir, por delitos políticos.

Una treintena de jefes de las AUC y otro tanto de mandos medios anunciaron que congelaban indefinidamente las confesiones en las diligencias judiciales en el marco de la Ley de Justicia y Paz, instrumento legal que abrió paso a su desmovilización.

"O que reviva la sedición, excluyéndola para los servidores públicos, o que nos den la alternativa de otra figura que permita que, sin ninguna duda y sin ningún temor, a esos 18.000 a quienes no les han aparecido otros delitos se les pueda dar la figura de la cesación de la acción penal", dijo Uribe.

El gobierno de Uribe y la AUC celebraron negociaciones entre 2003 y 2006 en un proceso por el que se desmovilizaron más de 31.000 miembros de esos escuadrones.

Con información de EFE


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