Listo el que daría tratamiento políticos a los delitos de los “paras”
Colombia.com (29/Jul/2007): El Gobierno de Colombia presentó a consideración de "todos los órganos del Estado, a los partidos políticos y a la ciudadanía en general" un proyecto de ley para tipificar los delitos de los paramilitares como políticos.
"El Gobierno (...) preocupado por la situación jurídica de cerca de 19.000 (paramilitares) desmovilizados que hasta ahora no han sido responsabilizados de delitos atroces, ha preparado un anteproyecto de ley que quiere proponer para su análisis", señala un comunicado oficial.
"Desde esta misma noche el anteproyecto estará publicado en la página de Internet de la Presidencia colombiana", añadió el comunicado.
El ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín Sardi, y el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, "realizarán las consultas pertinentes y en la página web se recibirán las observaciones de la ciudadanía", concluye el escrito difundido en la página electrónica de la Presidencia colombiana.
El ministro Holguín explicó a periodistas que se abre esa discusión de la iniciativa para poder definir la situación jurídica de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombnia (AUC, paramilitares), que no participaron en delitos de lesa humanidad y sólo pertenecieron a esas facciones de la ultraderecha armada.
Los servidores públicos no pueden beneficiarse de la norma en caso de que sea aprobada por el Legislativo, añadió Holguín, al hacer alusión a congresistas y otros altos cargos presos actualmente por sus presuntos nexos con jefes paramilitares.
"Quienes hayan incurrido en delitos de lesa humanidad, secuestros, homicidios, y que son objeto de la Ley de Justicia y Paz, no pueden ser cobijados", añadió Holguín.
El alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, por su parte, dijo a periodistas que de cerca de 19.000 desmovilizados, "que no han recibido un beneficio judicial, en 12.000 de ellos el beneficio podría estar cuestionado, pues no han cometido delito atroz o actos de barbarie y sólo pertenecían al grupo armado".
Esta semana estalló una crisis en el proceso con las AUC por la ratificación, por parte de la Corte Suprema de Justicia, de considerar como delitos comunes y no políticos los cometidos por los paramilitares.
Entre 2003 y abril de 2006 más de 31.000 miembros de las AUC se desmovilizaron en el marco de un proceso de paz con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, de los que cerca de 19.000 aguardan la definición de su situación jurídica.
Uribe había anunciado el pasado miércoles la presentación del proyecto de ley para resolver la situación de los paramilitares que se acogieron a la ley de Justicia y Paz con base en que sus delitos serían considerados políticos.
Los jefes de esos escuadrones se declararon esta semana en rebeldía ante la ratificación del fallo y advirtieron que no acudirían ante los jueces para sus audiencias de confesión, en el escenario de la ley de Justicia y Paz, marco legal de su desmovilización.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, el magistrado Alfredo Gómez, advirtió este domingo las consecuencias del anteproyecto de ley que el presidente Álvaro Uribe presentará ante el Congreso, en el que plantea que los crímenes cometidos por paramilitares sean considerados como delitos políticos.
En entrevista con El Tiempo, Goméz detalló que de aprobarse el referido anteproyecto, los desmovilizados combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), tendrían entre otros beneficios, el "derecho al asilo político" (...) "latente la posibilidad del indulto y la amnistía", queda prohibida la extradición y podrían llegar a cargos públicos".
Desde ya se augura una fuerte batalla por parte de la oposición colombiana que intentará convencer a la opinión pública la "inconveniencia" del anteproyecto y las consecuencias para el proceso de paz. Sin embargo, especialistas aseguran que los votos de la mayoría estarán con el Gobierno.
La Corte Suprema del Colombia decidió esta semana que los paramilitares desmovilizados como parte del proceso de paz serán juzgados por concierto para delinquir y no por sedición. Y esa decisión, según voceros de los desmovilizados, les negaría estatus de delincuentes políticos y empeoraría su situación judicial.
Los jefes paramilitares desmovilizados en Colombia, anunciaron, luego del fallo de la corte, su decisión de suspender indefinidamente las diligencias judiciales de confesión, en el marco de la Ley de Justicia y de Paz.
Ante esa reacción, el gobierno de Uribe redactó un anteproyecto de ley para superar el impasse con los ex paramilitares con los que en abril pasado concluyó un cuestionado proceso que permitió que unos 32 mil integrantes de las AUC dejaran las armas.
Sin embargo, el máximo tribunal colombiano catalogó en un comunicado difundido este viernes de "censura grave y peligrosa" la posición del presidente Uribe, la cual según la corte, no es coherente con su llamado al diálogo y a la cooperación de todos los poderes del Estado.
Unos 19 mil combatientes rasos de las AUC que presuntamente no cometieron delitos atroces son a los que el Gobierno pretende cobijar con esa ley.
no se que es peor, una dictadura en donde lo que diga el maximo gobernante es lo que se haga o una "democracia" en donde se juega con las leyes y los entes gubernamentales no tienen validez ante los intereses particulares. asi es facil jugar y salir bien librado.
[11.1] Hector Abad / 01-Ago-2007 (06:58 pm)
Que un presidente, en una dis**** entre la Corte y los delincuentes, tome partido por estos últimos, es una vergüenza.
