Piden medidas cautelares para senador Vives, en caso de "parapolítica"

El abogado del senador Luis Eduardo Vives, quien es acusado de vínculos con paramilitares, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que otorgue medidas cautelares para el congresista porque considera que no se ha garantizado su derecho a un proceso justo en Colombia.

En declaraciones, Jaime Enrique Granados, abogado de Vives, explicó que solicitó la medida urgente a la CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos, OEA, porque la Corte Suprema de Justicia, CSJ, "ha desconocido de manera absoluta todos los derechos" de su cliente al debido proceso.

El letrado señaló que el Alto Tribunal "es juez y parte" en el proceso contra Vives, lo que viola el derecho fijado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos de que toda persona debe ser juzgado por un tribunal "independiente e imparcial".

Por otra parte, Granados afirmó que la CSJ no permite "ningún recurso de apelación o de amparo" en contra de lo establecido internacionalmente en materia de derechos humanos, ni deja que la defensa interrogue a los testigos.

La Convención Americana estipula el derecho de la defensa de "interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos".

En este contexto, Granados señaló que ha entregado vídeos a la CIDH con imágenes que captan el momento en el que el Alto Tribunal le niega ese derecho.

Con la solicitud de medidas cautelares, el abogado defensor de Vives pretende conseguir parar el proceso judicial contra su cliente que se reanudará el lunes.

El congresista podría ser condenado a 12 años, y la sentencia se prevé para el próximo mes, explicó Granados.

La CIDH puede otorgar medidas cautelares para evitar "daños irreparables" a una persona. Esa acción, considerada "urgente" es tramitada normalmente en un plazo que no supera 48 horas, según las fuentes consultadas.

Consultada por Efe, la comisión no quiso confirmar si ha recibido la solicitud de Granados y recordó que su política es no comentar sobre peticiones, casos o medidas cautelares.

"El tema (del conflicto) es tan complicado en Colombia que no hay manera de lograr un juicio justo y por eso he acudido a la CIDH", afirmó Granado, quien calificó el proceso de "inquisición".

Vives se entregó el 14 de febrero de 2007 de manera voluntaria a la Justicia colombiana, que había cursado una orden de detención contra él dentro del proceso de la "parapolítica" que investiga supuestos nexos de políticos con jefes paramilitares.

Desde entonces permanece detenido junto con otros 27 diputados acusados por el mismo escándalo, que se desató a finales de 2006 con la divulgación de un pacto que congresistas y otros funcionarios públicos firmaron en 2001 con el mando de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) "para refundar la patria".

La CSJ investiga a una treintena de políticos más por este caso.

El presunto acuerdo fue suscrito en la aldea de Santa Fe de Ralito, que pertenece al municipio de Tierralta, en Córdoba, cuando los paramilitares estaban en plena guerra contra los grupos guerrilleros de izquierda en el Gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002).

El "Pacto de Ralito", como se conoce el documento, ha sido señalado como uno de los detonantes del escándalo de los vínculos de sectores políticos con jefes de las AUC, la mayoría partidarios de la coalición que respalda al presidente colombiano, Álvaro Uribe.

Granados asegura que Vives no firmó el acuerdo con las AUC y que la acusación de la CSJ no se sostiene.

Recordó que el senador ha sufrido en sus propias carnes el conflicto que vive Colombia al haber sido objeto de un ataque de las AUC y haber perdido a sus hermanos de la mano de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

A juicio del letrado, con la concesión de las medidas cautelares para Vives, la CIDH "enviaría una señal a Colombia de que tiene que llevar a cabo un proceso justo".

"No se puede hacer un juicio tan importante en Colombia violando los derechos humanos", concluyó Granados.

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