Firman acuerdo militar para acceso de EE.UU. a bases colombianas

Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos firmaron este viernes el acuerdo que facilitará el acceso a los militares estadounidenses a por lo menos siete bases militares colombianas, informaron a Efe fuentes de la Cancillería en Bogotá.

El documento fue suscrito por el ministro colombiano de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, y el embajador norteamericano en Bogotá, William Brownfield.

Bermúdez y Brownfield formalizaron el acuerdo en un acto privado en el Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería de Colombia en el centro de Bogotá.

Los ministros colombianos de Defensa, Gabriel Silva, y del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, acompañaron a Bermúdez en la firma del compromiso, precisaron los portavoces.

Con este acuerdo, que Bogotá ha presentado como complementario a uno global de cooperación en vigencia desde 1974, Washington busca suplir el cierre de la base ecuatoriana de Manta, cuyo contrato de diez años no fue renovado por el Gobierno del presidente de este país, Rafael Correa.

La base aérea de Palanquero, en el centro de Colombia, será el eje del total de siete instalaciones a las que los militares estadounidenses tendrán acceso, según detalles del acuerdo anticipados por ambos gobiernos en semanas pasadas.

Sin embargo, el documento establece que los norteamericanos podrán utilizar las unidades que requieran para las actividades contra el narcotráfico y el terrorismo previstas en este acuerdo, que ha creado recelo en la región, particularmente en los gobiernos de Venezuela y de Ecuador.

"Para nosotros es muy positivo, para nosotros es además una necesidad, y la región tiene beneficios también", declaró el comandante de las Fuerzas Militares, el general Freddy Padilla de León, a las afueras del salón en el que se firmó el acuerdo.

A diferencia del Gobierno de presidente, Álvaro Uribe, que ha considerado que este documento no debe ser sometido a la discusión y aprobación del Congreso, el embajador Brownfield advirtió la víspera que, en su caso, es obligación legal dejarlo en consideración de los comités de relaciones exteriores del Senado y la Cámara de Representantes.


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