Luego de conocer la ratificación la condena de 30 años de prisión contra
el coronel Plazas Vega, por las desapariciones del Palacio de
Justicia, el Gobierno Nacional emitió un comunicado.
«Frente a la decisión de fondo, el Gobierno se abstiene de hacer pronunciamiento alguno».
Al respecto, el Ministerio de Justicia
señala que acata y es respetuoso de las decisiones judiciales, pero
sugiere también que existe una “profunda preocupación” por las
“implicaciones de la exhortación que se hace al Fiscal ante la Corte
Penal Internacional”.
El siguiente es el texto completo del comunicado emitido por el Ministerio de Justicia:
Con
ocasión del fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que confirma la
condena impuesta al Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, el Gobierno
Nacional se permite manifestar lo siguiente:
1. Ante todo, y por supuesto, su respeto y acatamiento de siempre a las decisiones de los jueces y tribunales de la República.
2.
Su profunda preocupación de Estado, y sobre todo de Estado de Derecho,
en relación con las graves implicaciones de la exhortación que se hace
al Fiscal ante la Corte Penal Internacional para que eventualmente
presente el caso ante dicha Corte.
Esta preocupación obedece en
esencia a que tal exhortación parte de la base de considerar que en el
caso en cuestión no ha habido propiamente una acción de la justicia
colombiana, pues que a juicio del Tribunal las actuaciones que se han
surtido ante la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de
Representantes, que ya en tres ocasiones y luego de la respectiva
investigación ha decidido archivar el caso, no tienen naturaleza
judicial sino política. Tal afirmación implica desconocer que el
artículo 116 de la Constitución le confiere expresamente al Congreso
"determinadas funciones judiciales" -por supuesto, con ese inequívoco y
perentorio carácter-.
Con tal apreciación, el Tribunal
deslegitima de paso, ante propios y extraños, un sistema de
administración de justicia que ha sido una constante en la historia
constitucional colombiana, en la medida en que supone que por esa vía no
se administra justicia en relación con los altos funcionarios para
quienes ella está instituida.
3. Frente a la decisión de fondo,
el Gobierno se abstiene de hacer pronunciamiento alguno, máxime teniendo
en cuenta que aún está pendiente la oportunidad del recurso
extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia.
Bogotá, 31 de enero de 2012.
