ISA, la joya de la corona que se vendería por billonaria cifra

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. es una empresa del Estado cuya venta suena desde hace bastante tiempo, generalmente cuando de iliquidez oficial se trata, sin embargo, en febrero de este año, en plena administración de la cartera de Hacienda de Alberto Carrasquilla, se anunció que la oferta realizada por la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, para hacerse con el 51,4% de la empresa eléctrica había sido aceptada.

Bajo la figura de un contrato administrativo, consistente en un acuerdo de exclusividad para que la empresa pudiera perfeccionar la oferta durante el primer semestre del 2021, se consolidaba la venta de la mayoría de ISA, y según el Ministerio de Hacienda y su “Marco Fiscal de Mediano Plazo”, el Gobierno espera recibir por esta operación cerca de 14 billones de pesos.

La transacción se pagaría en un esquema variado consistente en la emisión de acciones del 8,4% de Ecopetrol pendiente del 20 por ciento ya aprobado la Ley 118 de 2006, más recursos de caja de la petrolera, endeudamiento y venta de activos no estratégicos. Esto permitiría que Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. y Ecopetrol continúen siendo públicas, a través de una participación del 80% en la petrolera.

En medio de una operación prácticamente segura, la Fundación Defensa de la Información Legal, DILO, presentó una acción popular contra el Ministerio de Hacienda ante la venta de ISA a Ecopetrol y tiene como fin “proteger los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el patrimonio público y la libre competencia económica, actualmente vulnerados y amenazados por las actuaciones del Ministerio de Hacienda”, afirma el documento que contiene la acción legal.

La fundación añade que la acción está basada en la Constitución Política de Colombia, afirmando que la operación busca enajenar la totalidad de la propiedad accionaria de la nación de interconexión Eléctrica S.A. E.S.P.

La demanda anuncia que en la operación no se pretende realizar un proceso competitivo que permita sopesar el valor de las acciones que se enajenarán y que también se está ignorando el contenido del artículo 60 de la Constitución Política de Colombia.