Piden que las obras públicas sean financiadas por el Estado
Se debe mejorar calidad de la interventoría para evitar la corrupción en los proyectos.
Colombia.com - Actualidad
Se debe mejorar calidad de la interventoría para evitar la corrupción en los proyectos.
Las obras públicas en el país deben ser financiadas por el Estado y con reglas claras para la contratación, sostuvo el presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, Daniel Flórez Pérez, al plantear que el monto de los anticipos se debería incrementar hasta en 30 por ciento dependiendo del monto del contrato.
Esta propuesta ya fue enviada al ministro de Transporte Germán Cardona por la SCI y la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Al respecto, Flórez Pérez en entrevista con el diario El Nuevo Siglo afirmó que se debe mejorar la calidad de la interventoría para evitar la corrupción.
¿En que consiste el adelanto de 30 por ciento?
Se debe considerar en los procesos licitatorios del Instituto Nacional de Vías (Invias), la posibilidad de incrementar el anticipo hasta un 30 por ciento dependiendo del monto del contrato. En este sentido, un contrato con valor igual o mayor a 20 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) debe tener un anticipo de 10 por ciento, entre 6 mil y 19.999 SMMLV de 20 por ciento y entre 0 y 5.999 SMMLV de 30 por ciento.
¿Cuál es el objetivo de la propuesta?
La idea es que todas las obras públicas sean financiadas por el Estado y otras instituciones. En Colombia teníamos anticipos entre el 50 y el 30 por ciento, pero el Gobierno decidió rebajarlo a tan solo 10 por ciento para evitar la corrupción; pero esa no es la solución, porque entonces los que roban lo seguirán haciendo pero solo con el 10 por ciento, y de ser así es mejor llevar a cero el valor del anticipo.
Entonces, ¿cuál es la solución?
La interventoría debe funcionar adecuadamente para inspeccionar y cuidar los dineros para que sean destinados únicamente para la inversión de la obra. Hay que evaluar y hacer un seguimiento de qué tanto se están cuidando esos recursos a través del interventor y el constructor.
¿Qué se está haciendo para mejorar la interventoría?
Se deben devolver las condiciones para intervenir en todos los aspectos de la contratación. Hace algún tiempo se le quitó a estas entidades la capacidad de hacer un seguimiento constante de las obras y por eso empezó el mal uso del dinero.
¿Y con el Estatuto Anticorrupción?
Con el Estatuto el Gobierno pretende entregar los adelantos a través de una figura de fiducia, para permitir un mayor control del dinero otorgado. Sin embargo, continuaría faltando calidad de la interventoría.
¿Se contemplaría la posibilidad de recibir la financiación del Gobierno luego de estar adelantado algún porcentaje de la obra?
No, porque la idea del adelanto es que los contratistas puedan arrancar con el trabajo, ya que el 90 por ciento de las empresas son pymes y no cuentan con los recursos necesarios para arrancar.
¿Y de no aprobarse el aumento del anticipo?
En el país no estamos preparados para iniciar trabajos con el 10 por ciento, porque podría afectar a las pequeñas y medianas empresas. Además, no se hizo ninguna concertación con el sistema bancario para ofrecer cupos de crédito a los contratistas, lo que permitiera mitigar el impacto. Por eso consideramos un error absoluto el querer quitar los anticipos.
¿Cómo se maneja el tema en otros países?
La mayoría de países cuentan con estos dineros como estructura financiera, al igual que hay otros tantos que no manejan anticipos para obras públicas pero sí cuentan con una organización bancaria para definir un pacto financiero entre contratistas y entidades.
Esta propuesta ya fue enviada al ministro de Transporte Germán Cardona por la SCI y la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI). Al respecto, Flórez Pérez en entrevista con el diario El Nuevo Siglo afirmó que se debe mejorar la calidad de la interventoría para evitar la corrupción.
¿En que consiste el adelanto de 30 por ciento?
Se debe considerar en los procesos licitatorios del Instituto Nacional de Vías (Invias), la posibilidad de incrementar el anticipo hasta un 30 por ciento dependiendo del monto del contrato. En este sentido, un contrato con valor igual o mayor a 20 mil salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) debe tener un anticipo de 10 por ciento, entre 6 mil y 19.999 SMMLV de 20 por ciento y entre 0 y 5.999 SMMLV de 30 por ciento.
¿Cuál es el objetivo de la propuesta?
La idea es que todas las obras públicas sean financiadas por el Estado y otras instituciones. En Colombia teníamos anticipos entre el 50 y el 30 por ciento, pero el Gobierno decidió rebajarlo a tan solo 10 por ciento para evitar la corrupción; pero esa no es la solución, porque entonces los que roban lo seguirán haciendo pero solo con el 10 por ciento, y de ser así es mejor llevar a cero el valor del anticipo.
Entonces, ¿cuál es la solución?
La interventoría debe funcionar adecuadamente para inspeccionar y cuidar los dineros para que sean destinados únicamente para la inversión de la obra. Hay que evaluar y hacer un seguimiento de qué tanto se están cuidando esos recursos a través del interventor y el constructor.
¿Qué se está haciendo para mejorar la interventoría?
Se deben devolver las condiciones para intervenir en todos los aspectos de la contratación. Hace algún tiempo se le quitó a estas entidades la capacidad de hacer un seguimiento constante de las obras y por eso empezó el mal uso del dinero.
¿Y con el Estatuto Anticorrupción?
Con el Estatuto el Gobierno pretende entregar los adelantos a través de una figura de fiducia, para permitir un mayor control del dinero otorgado. Sin embargo, continuaría faltando calidad de la interventoría.
¿Se contemplaría la posibilidad de recibir la financiación del Gobierno luego de estar adelantado algún porcentaje de la obra?
No, porque la idea del adelanto es que los contratistas puedan arrancar con el trabajo, ya que el 90 por ciento de las empresas son pymes y no cuentan con los recursos necesarios para arrancar.
¿Y de no aprobarse el aumento del anticipo?
En el país no estamos preparados para iniciar trabajos con el 10 por ciento, porque podría afectar a las pequeñas y medianas empresas. Además, no se hizo ninguna concertación con el sistema bancario para ofrecer cupos de crédito a los contratistas, lo que permitiera mitigar el impacto. Por eso consideramos un error absoluto el querer quitar los anticipos.
¿Cómo se maneja el tema en otros países?
La mayoría de países cuentan con estos dineros como estructura financiera, al igual que hay otros tantos que no manejan anticipos para obras públicas pero sí cuentan con una organización bancaria para definir un pacto financiero entre contratistas y entidades.