Guatemala: Fiscalía dice que las elecciones de agosto no son válidas por presuntas irregularidades

Las elecciones presidenciales llevadas a cabo en Guatemala el pasado 20 de agosto en las que resultó ganador Bernardo Arévalo de León han causado mucho revuelo en los últimos días, pues el Ministerio Público de Guatemala (Fiscalía) dio a conocer que serían inválidas por presuntas irregularidades cometidas por parte del Tribunal Supremo Electoral. 

La Fiscalía señaló públicamente que las actas electorales utilizadas en los comicios “son nulas de pleno derecho”, debido a que “no fueron autorizadas” inicialmente por el Tribunal. Adicionalmente, dio a conocer que, al parecer, Arévalo tenía conocimiento de las falsificaciones de firmas cuando se creó el Movimiento Semilla, que lo llevó al poder.

Estas acusaciones desataron múltiples reacciones por parte de diversas personalidades como la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, quien indicó que si el mandatario electo no toma posesión el próximo 14 de enero habría un “rompimiento del orden constitucional”.

“Los resultados están validados. Los resultados están oficializados y son inalterables”, indicó. Alfaro enfatizó en que la Fiscalía no tiene facultades para anular las elecciones, a no ser que haya una sentencia en firme de la Corte de Constitucionalidad.

“La población de Guatemala está cansada de percepciones. Queremos agradecer una vez más a los ciudadanos y a las ciudadanas que acudieron a las urnas, que emitieron su voto, de manera libre”, concluyó. 

Frente a este hecho, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X solicitando a la OEA que actúe “de inmediato”: "Estamos frente a un golpe de estado en Guatemala. La OEA debe actuar de inmediato.  "Todo el apoyo al pueblo guatemalteco. Una fiscalía que ha encubierto el narcotráfico y la corrupción actúa contra la democracia", escribió el jefe de Estado.

Tras esto, la Secretaría General de la OEA emitió un comunicado en el que rechazó lo que califican como un "intento de golpe de Estado por parte del Ministerio Público".

"Las acciones y dichos de los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales constituyen una alteración del orden constitucional del país, un quebrantamiento del Estado de Derecho y una violación de los Derechos Humanos de la población de su país", dice la organización en un comunicado.