En julio saldrán 10 mil presos de las cárceles del país

Las personas que están sindicadas por delitos menores, si a partir del 6 de julio están detenidos, con medida de aseguramiento de detención preventiva, y cumplen un año sin resolver su situación jurídica su defensa puede pedir la libertad inmediata.

En dicha polémica, según el ministro de la cartera, Jorge Londoño afirmó que lo más relevante e importante en este momento es la Ley 1760, que es bien intencionada pero no diferencia entre delitos especiales y delitos ordinarios.

El congreso aceleró motores y el ministro afirmó; “Lo que estamos haciendo con esta Ley que esperamos que sea aprobado por el Congreso es aplazar la entrada en vigencia para los delitos especiales por un año más, es decir que los delitos de genocidio, de desaparición forzada, de terrorismo, de concierto para delinquir agravado y de homicidio agravado, tengan un año más para que se pueda aplicar esta ley”, reiteró Londoño.

A más tardar la ley debe ser aprobada en tres semanas, para que por ejemplo sindicado de delitos de acceso carnal a menor de 14 años no obtengan la libertad.

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En pleno congreso la senadora María Fernanda Cabal afirmó: “Se debe pensar en la víctimas, las cuales no quieren ver a su victimario nuevamente impune”.

A su vez Carlos Fernando Motoa, senador de Cambio Radical, afirmó que no solo estarán en libertad atracadores o estafadores sino que también los que no cumplen la cuota alimentaria para sus hijos y los maltratadores de familia.

Lo preocupantes que es existen cerca de 4 mil casos de delitos graves, los cuales sino se aprueba el proyecto podrían quedar libres, y ya no serían 10 mil sino 14 mil liberados por no tener la situación judicial clara en el menor tiempo posible.

En pleno Congreso del Fiscal encargado, Jorge Fernando Perdomo, afirmó que existen 997 investigaciones por acceso carnal violento a menor de 14 años, 1.053 investigados por actos sexual con menor de 14 años, 1.097 investigados por homicidios y 1.528 por concierto para delinquir.

¿De quién es la culpa de esto?

La senadora liberal y exfiscal Viviane Morales criticó que se tenga que acudir al Congreso para ampliar el plazo de la entrada en vigencia de la racionalización de la detención preventiva, y culpó a la Fiscalía General, al Gobierno y a la Judicatura de esta situación.

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