El uso de los biopolímeros ya estará regulado por la ley y tiene amplias multas

El uso de biopolímeros en cirugías estéticas ahora será considerado delito de lesiones personales en Colombia, luego de haberse aprobado en cuarto y último debate por el Congreso, la ley que establece sanciones de tipo penal para cirujanos que utilicen esta sustancia y por medio de la cual se brinda atención a las víctimas de estos tratamientos.

Con esta nueva norma y para garantizar la seguridad de las pacientes, se creará un registro legal de centros estéticos y profesionales para que las personas interesadas en cirugías estéticas se puedan informar y tener confianza en el lugar que le tratarán.

El ponente de la iniciativa fue el senador Carlos Fernando Motoa, del partido Cambio Radical, quien fue el primero en comentar que se había sancionado la Ley 2316 de 2023 que establece todo un marco normativo para proteger a las víctimas de biopolímeros en el país.

Según explicó Carlos Motoa, la ley garantiza el tratamiento tanto psicológico como físico para las personas que hayan resultado afectadas por procedimientos con uso de biopolímeros o sustancias moldeadoras prohibidas. Los servicios estarán incluidos en Plan de Beneficios en Salud (PBS), tanto en régimen contributivo como subsidiado, y deberán incluir la extracción o manejo de la sustancia en el cuerpo, rehabilitación, medicamentos.

la ley también dispone que el Ministerio de Salud y Protección social, a través del Invima, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la presente norma, deberá expedir un listado que contenga las sustancias modelantes permitidas.

Dentro del delito se tipifican agravantes dependiendo si el perfil de la persona que realizó el procedimiento. “Si la conducta fuere cometida por profesional de la salud, la pena será de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses de prisión, multa de doscientos (200) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilidad para el ejercicio de su profesión por un término de sesenta (60) meses”, dice la ley.

También será un agravante si la víctima es menor de edad, si se realizó bajo engaños que no aclararon que se utilizaría una sustancia no autorizada, así como si las afectaciones se presentaron en el rostro, lo que aumentaría la pena contra el agresor de una tercera parte a la mitad.

“Esta es una ley que beneficia particularmente a las mujeres, pues el 95% de las víctimas son mujeres en el país”, señaló el senador Motoa. “También permite perseguir a esteticistas inescrupulosos, clínicas de garaje, gimnasios, spa, peluquerías que de manera indiscriminada están aplicando sustancias modelantes no permitidas”, agregó.

El Invima, por su parte, tendrá la responsabilidad de hacer seguimiento a las sustancias que se estén comercializando en el país, así como promover campañas informativas en comercializadores y usuarios. Además, la norma lo autoriza para realizar inspecciones relámpago secretas en los centros estéticos y verificar que se estén cumpliendo las disposiciones.

También se deberá crear un listado de instituciones y profesionales habilitados para procedimientos estéticos en el país que sea de acceso público para que las personas interesadas puedan conocer si existen sanciones, permisos de funcionamiento identificación, etc. Los esteticistas que sean sancionados disciplinariamente permanecerán registrados de tal manera durante cinco años o lo que disponga la autoridad, mientras que, si la sanción es penal, esta será pública por el doble del tiempo de la pena privativa de la libertad.

La senadora Norma Hurtado, del Partido de la U, y autora de la iniciativa celebró la firma del presidente Petro, “logramos la sanción de la ley que brinda la protección de los biopolímeros y las sustancias modelantes tóxicas”.