Alcalde Petro recibe nuevo llamado disciplinario de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación hizo un segundo llamado disciplinario al alcalde Gustavo Petro, esta vez por  el Plan de Ordenamiento Territorial. 

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La Procuraduría General de la Nación hizo un segundo llamado disciplinario al alcalde Gustavo Petro, esta vez por  el Plan de Ordenamiento Territorial. 

La Procuraduría rechocha haber adoptado  de manera excepcional el Decreto 364 del 26 de agosto de 2013, “Por el cual se modifican las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá”, pese a que el Consejo Distrital, en sesión ordinaria del 7 de junio de 2013, aprobó la ponencia negativa del proyecto de acuerdo. 

Según la Procuraduría, el mandatario habría hecho caso omiso a la normatividad que otorga en los concejos municipales y distritales la competencia para la reglamentación del uso del suelo, optando por proferir un acto administrativo que no resultaba procedente.

A través de su cuenta de Twitter, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, le respondió al Procurador General, Alejandro Ordoñez: “En realidad el Procurador aprendió la lección: inhabilitarme para que no concurra a las elecciones donde el piensa concurrir sin resistencia”, escribió el alcalde Petro en su red social.

El alcalde Petro planea su defensa, por lo que en las próximas horas habrá una reunión entre el abogado Juan Carlos Ortiz y la secretaria general de la Alcaldía, Martha Lucia Zamora, para analizar las medidas que se tomarán en este nuevo proceso.

El procurador general de la Nación calificó la posible falta disciplinaria como grave, a título de dolo, pues “el doctor Petro Urrego, con plena voluntad y conocimiento del procedimiento que debía realizarse para lograr la modificación al Plan de Ordenamiento Territorial, habría suscrito dicho decreto haciendo caso omiso y sin reparar en las advertencias hechas por diferentes intervinientes en el Concejo de Bogotá”.

Por ahora, el alcalde Petro seguirá como mandatario mientras el Consejo de Estado toma una decisión de fondo frente a la demanda de nulidad, que podría tardar cinco años, tiempo en que el mandatario ya no estará como alcalde de Bogotá.

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