'Carrusel de pensiones' desangra a Colombia

El presidente de la República dijo que anualmente se pierden por ese concepto 20 billones de pesos.

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El presidente de la República dijo que anualmente se pierden por ese concepto 20 billones de pesos.

Evitar abusos con pensionesLes cito un ejemplo que nos genera profunda preocupación: Santos

Como es bien sabido, la Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones con el objetivo de lograr una unificación de los regímenes pensionales, desarrollando el principio constitucional de universalidad del sistema.

Sin embargo para respetar expectativas adquiridas, se estableció un régimen de transición para aquellas personas que, en 1993, hubieran alcanzado determinadas condiciones de edad o servicio bajo el antiguo régimen, buscando que, a través de un modelo intermedio, se fuera dando esa unificación.

Pues bien: en los 18 años que han pasado desde entonces, diversas decisiones judiciales en medio de posturas cambiantes y a veces contradictorias entre lo contencioso administrativo y lo constitucional han prolongado la integralidad del régimen anterior para unos regímenes especiales de pensiones como los de la Rama Judicial, el Ministerio Público y la Contraloría y ahora pretenden extenderlo al universo de los servidores públicos.

Estas decisiones que dan pie a carruseles de pensiones como los que han denunciado los medios pueden tener un costo actuarial de entre 11,7 y 20,1 billones a pesos de 2010, que podría adicionarse incluso en 37 billones de pesos si se extendieran a todos los demás servidores.

Acá sí que se hace palpable la necesidad de tener una instancia de cierre definida y un sistema de unificación jurisprudencial, porque de seguirse esta tendencia puede ponerse en riesgo ¡en grave riesgo! la sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Qué bueno y qué importante que la Justicia y el Estado todo proteja los derechos, pero lo que no podemos permitir es que, bajo el amplio manto de nuestra carta garantista, se autorice el abuso de los mismos.

Éstas y otras consideraciones en las que debe primar el bien general sobre las pretensiones de algunos grupos de mantener sus privilegios más allá de lo establecido deben iluminar el trabajo de discusión final de la Reforma a la Justicia.