Judicatura afirma no tener responsabilidad en "Carrusel de pensiones"

El Ministro de Justicia y del Derecho, Juan Carlos Esguerra sostuvo que será el Congreso de la República el que defina la suerte del Consejo Superior de la Judicatura dentro del debate al proyecto de reforma constitucional a la justicia que cursa en el Parlamento.

La afirmación fue hecha tras conocerse que la Contraloría General de la República abrió un juicio de responsabilidad fiscal a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, por posible detrimento patrimonial en el escándalo del carrusel de las pensiones.

“Mi posición es la que tenía el Gobierno al comienzo: yo pienso que el Consejo de la Judicatura ha resultado, lo digo con todo respeto, inferior a las expectativas, inferior a lo que se creyó y a lo que se concibió en la Asamblea Nacional Constituyente”, aseguró el alto funcionario.

El Ministro Esguerra agregó sin embargo que “el tema está en manos del Congreso de la República. Esperemos a que se reabran una vez más las sesiones del Congreso el 16 de marzo. Vamos a ver qué impacto tienen estos episodios de la investigación que se desarrolle y qué sale de ahí”.

El titular de la cartera de Justicia advirtió que esta investigación es oportuna y muy importante para que “todos esos episodios se conozcan en profundidad, si tienen alguna explicación y una explicación suficiente, y que ojalá la tuvieran. Que esa explicación salga a la opinión pública porque la verdad es que el país está pendiente de alguna respuesta que sea seria porque las apariencias, los síntomas que hay detrás, son ciertamente muy preocupantes”.

El alto funcionario mencionó que “la idea original que fue apadrinada y que lideró en el propio seno de la Asamblea Nacional Constituyente el doctor Álvaro Gómez Hurtado, se ha visto desvirtuada por la realidad por un Consejo de la Judicatura que, salvo en algunos momentos, sobretodo en sus épocas iniciales y respecto de algunos casos, está en deuda con el país”

Comunicado de Sala Disciplinaria de la Judicatura

Aclara la Sala Jurisdiccional Disciplinaria que todas las actuaciones de sus magistrados, en la designación de Magistrados Auxiliares, fueron hechas conforme con el ordenamiento jurídico y no hemos desconocido ninguna norma de ética pública, fiscal o penal, por haber designado en algún momento mujeres mayores de 50 años u hombres mayores de 55.

En estas designaciones fue tenido en cuenta el cumplimiento de todos los requisitos legales para ocupar los cargos correspondientes y todas las disposiciones establecidas en la Ley 270 de 1996 y la Ley 931 de 2004.

En segundo lugar, el 90 por ciento de las personas que son relacionadas por los medios de comunicación, como parte de un documento de la Contraloría General de la Nación, no tienen la edad para adquirir una pensión de jubilación y como consecuencia de ello, no se han pensionado luego de ejercer algún cargo en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, tal como lo afirmamos en anteriores declaraciones públicas cuando se dio a conocer un documento que consta de 67 páginas y que fue entregado a los medios de comunicación y al Congreso de la República.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria señala que si a través de las tutelas concedidas por la Corte Constitucional o de fallos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa se reconocieron pensiones amparadas en el Decreto 546 de 1971, desconociendo que dicha norma fue derogada, le asiste razón al Gobierno Nacional cuando solicitó que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional deben clarificar su jurisprudencia en este tema, para evitar un “hueco” fiscal que con sus pronunciamientos estaban provocando.