De nuevo destituyen por 14 años a Piedad Córdoba

La Procuraduría General de Colombia destituyó por segunda vez y de manera retroactiva como congresista a la opositora Piedad Córdoba por supuestamente haber hecho aportaciones económicas a la campaña electoral de un antiguo asesor suyo, informó hoy el ente de control estatal.

La ahora exsenadora fue también inhabilitada por 14 años para el ejercicio de cargos públicos, confirmó a Efe un portavoz del Ministerio Público, cuyo titular, Alejandro Ordóñez, había anunciado la apertura de esta causa disciplinaria en abril del año pasado.

La fuente precisó que el fallo fue emitido el pasado 18 de abril y que será informado en detalle una vez se surta el "proceso de notificación" a las partes implicadas.

La nueva sentencia contra Córdoba se derivó de denuncias del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre una aportación económica que ella hizo en 2010 a su asesor Ricardo Montenegro, quien aspiraba a la Cámara de Representantes por el departamento caribeño del Atlántico en las elecciones legislativas de aquel año.

Según el CNE, la antigua legisladora financió con 25 millones de pesos (unos 14.166 dólares) a Montenegro, quien no tuvo éxito en las urnas.

Con este supuesto apoyo económico, Córdoba violó un artículo de la Constitución, que prohíbe a los funcionarios públicos hacer contribuciones a partidos, movimientos o candidatos.

La sanción es la segunda de destitución e inhabilitación que la Procuraduría colombiana emite desde 2010 contra Córdoba, política de de origen liberal y líder del colectivo civil Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP).

La primera le fue impuesta en septiembre de 2010, dentro de una investigación por supuestos nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), guerrilla que la aceptó a ella como mediadora de la entrega de civiles, policía y militares que mantenía como rehenes.

Entonces, el procurador Ordóñez la destituyó como senadora y la inhabilitó por 18 años para el ejercicio de cargos públicos.

Córdoba siempre rechazó los cargos, se declaró una perseguida política del procurador y apeló la sanción, que Ordóñez confirmó cuatro semanas más tarde. EFE