Ampliar a los sectores pobres los beneficios de vender el patrimonio del país es un cambio real.

Sin esperar tener la verdad absoluta debemos empezar ya no a pensar tan sólo, sino a ejecutar salidas racionales, inteligentes, colombianas y respetuosas del ser humano y de las futuras generaciones, Estas salidas deben ser pensadas en el desarrollo integral del país, y no únicamente en la integración a un sistema como hasta ahora lo vienen haciendo los gobiernos de turno avalados por los analistas tradicionales segados por al ansia progresista. ¿De que sirve un progreso pírrico? Una idea más para desarrollar el desarrollo como las que nos están imponiendo y nos quedamos sin país.

-El analista Carmonet, del semanario Le Monde Diplomatiq, hace a un llamado a que se revalúe la tendencia a reducir las relaciones sociales a relaciones de mercado sólo, y al lugar del Estado en un simple regulador de desigualdades. Se debe pensar en una reforma tendiente a mejorar las condiciones de los déficit fiscales sin sacrificar las posibilidades de asegurar un patrimonio nacional para las generaciones futuras. Las privatizaciones no son el único camino que le queda aun país para hacer eficientes sus empresas. Si bien el mercado puede mejorar su desempeño, no es cierto que además deba tener el control absoluto de sus procesos, ser su dueño absoluto. Se trata de que se administre hacia la competencia las empresas públicas, en Colombia se ha demostrado tanto con las EPM (Empresas Públicas de Medellín) y la EEB (Empresa de Energía de Bogotá), que las empresas públicas de servicios pueden ser eficientes y competitivas, aumentando el patrimonio y creando riqueza que no debe ser regulada y protegida contra la especulación en momentos de depresión y recesión, como ha sucedido con los capitales de Codensa y las multinacionales carboníferas y de los hidrocarburos.

-En el campo de su efecto en la eficiencia operativa (precios más bajos, mayor capacidad instalada, barreras a la entrada, conductas predatorias de mercado y tecnología de empresas/ sectores privatizados), se requiere de las privatizaciones al menos lo siguiente: (a) regulaciones claras sobre la facilidad para ingresar al mercado y sobre la competencia ilegal y sus consecuencias (REGCOMP); (b) la necesaria modernización de las leyes, aun a nivel constitucional (AMEND); y (c) el desarrollo de cortes competentes para arreglar disputas (COURTS) (1).

Invertir en el sector productivo es una alternativa a seguir vendiendo.

-Antes de poner en marcha el proceso privatizador, hay que garantizar un cuadro jurídico e institucional que favorezca la transparencia y que sobre todo asegure la correcta prestación de servicios a los ciudadanos. Si a la privatización le falta una base legislativa, cabe el riesgo de que se bloquee por la inercia de la burocracia del Estado o que se desarrolle de un modo espontáneo y salvaje. La técnica más utilizada, según la OCDE, es la de crear una ley-marco, que determine las orientaciones generales de las privatizaciones. Esto permite agilizar la toma de decisiones por el organismo competente, ya sea un ministerio o una institución independiente constituida para poner en marcha el programa. Naturalmente, esas condiciones óptimas no siempre se dan.

Como los procesos de privatización son complicados y suelen llevar aparejadas largas negociaciones, conviene que las regulaciones sean claras ya que cuanta menos incertidumbre haya, más aumenta el valor de una empresa. En la práctica, esto anima a los inversores y acaba por reducir los precios de los servicios para el mismo consumidor. La exigencia de transparencia y de claridad es importante también para dar a conocer el estado de la empresa que se va a privatizar. En Argentina, por ejemplo, la evaluación de las cuentas de la empresa es una condición indispensable. Por eso, antes de proceder a la venta de una sociedad pública se encargan auditorías y se exponen balances y cuentas de resultados, para que los candidatos puedan conocer con exactitud cuál es la situación real.

Diferentes estudio señalan que en el sector de servicios públicos, cuando una empresa estatal es privatizada, generalmente, se consigue una mayor eficiencia y un costo más adecuado. Aunque ello depende de la actividad regulatoria de los gobiernos. Efectivamente, cuando los reguladores han sido efectivos la privatización beneficia a todos los sectores y a todas las clases económicas.

-Por último, un tema en el que habrá que trabajar en el futuro es el de la disponibilidad de información para el público sobre los procesos de privatización. Por ejemplo, la publicación de un "libro blanco"(2) que esté a disposición del público general y que permita juzgar temas tan importantes como la objetividad de la selección del banco de inversiones y el asesor, la valorización de la empresa, el precio base y los procesos de reclutamiento, la negociación y la precalificación de los compradores potenciales.

Proteger e informar sobre el patrimonio nacional a los ciudadanos, es necesario para realizar ventas o administraciones transparentes.

En general las privatizaciones pueden no ser por si solas un mal. La forma en que se han otorgado, su débil e insuficiente marco jurídico, la inestabilidad macroeconómica, una endeble estructura de mercado, el concentrarse en consumidores con capacidad de compra y no en usuarios con necesidades y la falta de claridad en los procesos de venta y de precisión sobre lo que se está vendiendo, son algunas de las faltas de los programas de privatización que ponen en tela de juicio las bondades de su materialización y resaltan sus lunares: desempleo, alza de precios en los servicios -el servicio de energía eléctrica es una de los principales factores alcistas en el país, aunque el indicador de inflación sea bajo gracias a la recesión-, y por ellos más pobreza.

Por otro lado, ¿diferente de las privatizaciones no existen mejores formas de atacar el déficit fiscal? Por ejemplo un programa serio y contundente contra la corrupción, la ampliación de la base tributaria -modificando el sistema de topes en la tributación, haciendo que quienes más acumulen contribuyan más- y una reforma profunda al sistema de asignación presupuestaria, podrían ser más beneficiosas que feriar los recursos finitos pero preciosos que son las propiedades del Estado, es decir de la nación, de los ciudadanos. Además se ferian estos recursos sin contar con la voz de las generaciones futuras que, si seguimos la lógica de este sistema, se quedaran sin que vender.