El gobierno sigue comprometido con un régimen de libre comercio y en actuar en consonancia con los principios de la Organización Mundial de Comercio. A este respecto, la protección del sector agrícola y la dispersión de tarifas de importación se establecerán según las reglas del Pacto Andino, y con las fechas límite establecidas por los acuerdos con la OMC. El componente de subsidio de los CERT será eliminado de acuerdo con el cronograma de la OMC. El gobierno pretende buscar mayor integración tanto dentro como fuera de la región Andina, en particular con el ALCA y el Mercosur. A partir de enero del 2001, Colombia empezará a levantar las restricciones que aún existen en materia cambiaria, sujeto esto a la aprobación del Fondo, y aceptará las obligaciones del artículo VII, secciones 2, 3 y 4 de los artículos del Acuerdo del Fondo antes de finalizar el 2002.

El sector productivo no es el consentido del fondo

La deuda externa de Colombia es manejable, pero ha crecido significativamente en los últimos años, desde un 32% del PIB en 1997 hasta un 41% en 1999. Bajo el programa, se estabilizará alrededor del 43 al 44% del PIB. Dada la volatilidad reciente de los flujos de capital de corto plazo y el estado frágil del sistema financiero, el Banco de la República ha intensificado su monitoreo de estos flujos, incluyendo la disponibilidad de líneas de crédito externo para el sistema financiero. Los depósitos requeridos a los préstamos externos que estableció la Junta del Banco han sido fuertemente reducidos en los años recientes y continuarán reflejando el diferencial entre las tasas de interés domésticas y las internacionales. El requerimiento de depósito no busca restringir los ingresos de capital sino, mejor, evitar la vulnerabilidad que representaría una acumulación de deuda externa de corto plazo.

La deuda pública externa de Colombia será monitoreada mediante límites trimestrales sobre los desembolsos netos de tal deuda y la cantidad de garantías provistas por el sector público para la deuda externa privada, tal como lo establece el memorando técnico. El gobierno mantendrá su política de no garantizar la deuda externa privada. Reformas estructurales

En las sesiones legislativas del segundo semestre de 1999, el gobierno ha presentado propuestas para una reforma integral del sistema de pensiones en Colombia. Este proyecto incluye reformas de segunda generación al sistema de seguridad social y acciones para llevar los sistemas especiales de pensiones en línea con lo previsto en el sistema general de pensiones. El principal efecto fiscal de estas reformas se sentirá cuando la transición al nuevo régimen de seguridad social se haya completado en el 2010, generando ahorros cercanos al 0,5% del PIB en forma permanente.

El gobierno presentará al Congreso a comienzos del año 2000 una reforma tributaria que busca ampliar la base del impuesto de renta y cerrar las lagunas del IVA, así como extender el impuesto a las transacciones financieras hasta el 2002. Subsecuentemente, el gobierno también propondrá al Congreso una reforma que le permita autonomía fiscal adicional a los gobiernos territoriales, que podría generar 0,2% del PIB.

El programa de privatización de Colombia, que ha estado en marcha desde comienzos de los noventa, ganará intensidad durante el primer año del programa pues se espera la venta de varias grandes empresas. Con el fin de dar tiempo para que las reformas estructurales descritas anteriormente tengan efecto y produzcan los ahorros fiscales esperados, el gobierno descansará en los ingresos por privatización para ayudar a financiar el programa fiscal en el 2000 y, en menor medida, en el 2001. De acuerdo con las decisiones que ya se han tomado, el gobierno espera que al finalizar el 2000 las mayores compañías de distribución eléctrica habrán sido privatizadas y que la venta de Carbocol se habrá concluido.

Como parte de la reestructuración del sector financiero, los restantes bancos públicos, exceptuando el Banco Agrario, serán ofrecidos para su venta al sector privado. En el sector de telecomunicaciones, el gobierno ya ha abierto un significativo acceso al sector privado y las tarifas de larga distancia se han reducido considerablemente.

El progreso en la implementación de la agenda de reformas estructurales será monitoreado en las revisiones semestrales del programa. En particular, la primera revisión, prevista para finales de junio del 2000, se centrará en el progreso de la agenda legislativa del gobierno y en el programa de privatizaciones.