Irregularidades en alumbrado público detecta la Contraloría

Por encontrar serias irregularidades en el servicio de alumbrado público, la Contraloría General de la República (CGR) recomendó que el sector sea reglamentada de forma adecuada. La falta de transparencia en las licitaciones y ofertas públicas, el favorecimiento a determinadas firmas proponentes, las notables diferencias tarifarias en el cobro del servicio por estratos y las deudas adquiridas por electrificadoras; son las apreciaciones contempladas en el estudio del ente de control.

En el primer caso, se encontró que en los términos de referencia establecidos por las administraciones, pareciera que el nombre de la firma expreso, por lo que terminaron encargándose de la operación y mantenimiento de las redes municipales de alumbrado público.

Además, se evidenció que se buscó favorecer a algunas compañías determinadas y en muchos contratos de concesión se desconocen ampliamente los procesos empleados para contratación estatal.

Otras de las cosas graves detectada, fue que algunos contratistas estarían transfiriendo sus costos financieros a las tarifas, afectando tanto a los usuarios como a los municipios.

Asimismo, se encontró que los contribuyentes de un mismo estrato, de municipios comparables, pagan valores muy diferentes por un servicio similar, bien sea por su capacidad de pago, el tamaño de su alumbrado o sus costos.

De esta forma, se presentaron grandes diferencias tarifarias en municipios como Candelaria (Valle) y Soledad (Atlántico), donde los usuarios de estrato 4 pagan $5.000 y $9.000 respectivamente. Comúnmente, en promedio el costo del alumbrado es de unos $3.360 para el estrato 4 y este promedio es superior, de $6.444, en los municipios que entregaron el alumbrado en concesión.

En este sentido, se destaca que los acuerdos municipales que definen la tarifa de alumbrado son incompletos. Así, de los 173 acuerdos analizados se estableció que en el 86% de los municipios con tarifas como porcentaje del consumo de energía, el acuerdo municipal no establece los topes mínimos o máximos de la tasa.

La Contraloría recomienda...
Curillo, Paujil, Puerto Rico, Valparaíso, San José, Montañita, Belén, Albania, Milán, Corazal, Barranquilla, Caucasia y Cartago. De estos, los 4 últimos tienen concesión; aparecen de esta forma, como los trece municipios con mayores costos en materia tarifaria.

También se encontró que el alumbrado ha acumulado deudas considerables por energía consumida. Así, en el año 2000, las cuentas por cobrar por este concepto en las electrificadoras del interior alcanzaron los $90.000 millones.

Específicamente, las empresas Chec, EEC, Emsa, Electrohuila, Electrotolima, Cedelca, Cens y Ebsa, 342, concentraron cerca del 80% de las deudas por alumbrado público. En promedio, estas obligaciones están alrededor de los $200 millones, aunque en algunos casos pueden superar los $500 millones.

Luego de toda esta serie de hallazgos y de los recursos que por esta vía se mueven, que la Contraloría recomienda que el sector tenga una reglamentación adecuada.

"Una correcta reglamentación del alumbrado es básica para evitar las conductas dolosas por parte de los funcionarios públicos del orden municipal en la contratación de este servicio", dice en su informe el organismo.

"Esta reglamentación debe ir más allá del alcance actual de definir la participación del alumbrado en el sector eléctrico, pues los beneficios que el alumbrado puede obtener de comprar su energía en el mercado mayorista no se reflejan en la tarifa final ya que no existen criterios para establecerla", complementa más adelante.

Actualmente, las anomalías en los contratos de las concesiones de alumbrado público están siendo estudiadas por la CGR y de igual manera, los contratos particulares de cada municipio se pondrán a consideración de las autoridades competentes.