Referendo al ruedo (Parte I)

Este lunes será un día decisivo para el referendo cuando se discutan las ponencias que al respecto fueron radicadas y empiece la votación. Los independientes, las mayorías del Congreso y el senador Darío Martínez, tienen cada uno sus ponencias.

Pero ¿qué es el referendo?, es una consulta que se realiza entre los electores y en la que les pregunta sobre unos temas específicos para reformar la Constitución Política.

El referendo a su vez, hace parte de las principales propuestas del mandatario de los colombianos, Álvaro Uribe Vélez, quien cumpliendo con sus puntos dentro del plan de Gobierno presentó el texto y lo radicó el pasado siete de agosto, día en que asumió como Jefe de Estado.

Para que este proyecto sea una realidad se necesita que cuente con el apoyo de una cuarta parte de los ciudadanos que conforman el censo electoral, es decir las personas aptas para votar.

La pérdida de derechos políticos, voto nominal, eliminación de suplencias, las facultades de las corporaciones públicas de elección popular en la dirección y control de la hacienda pública, supresión de contralorías departamentales y municipales y de las personerías, eliminación de auxilios con dineros públicos; son sólo algunos de los puntos que incluye la iniciativa.

Con el primero de ellos, se busca que quienes cometan delitos contra el patrimonio público y hayan recibido condena no puedan ser elegidos ni designados como servidores públicos ni celebrar contratos con el Estado, es decir que serían castigados con la muerte política.

En cuanto al voto nominal, este se refiere a que los congresistas, diputados, concejales o ediles son responsables ante la sociedad y sus electores por el cumplimiento de sus obligaciones voten de manera pública para que los ciudadano conozcan su actuación en dichas corporaciones públicas.

Mientras que con la eliminación de suplencias, se pretende acabar con los denominados “carruseles” mediante los cuales los elegidos designan a suplentes para que desempeñen sus funcionarios. De esta forma, como se plantea en la ponencia, esta figura sólo será aceptada en caso de en caso de muerte, de incapacidad absoluta para el ejercicio del cargo o de
renuncia justificada.

Entre las facultades de las corporaciones públicas de elección popular tales como Congreso, asambleas, concejos, juntas administradoras locales se incluye la convocatoria de audiencias públicas consultivas previas a la elaboración de los presupuestos de rentas y gastos, donde se analicen aspectos como la inversión pública global y regional a través de.

Los gobiernos Nacional, departamental o municipal, serán los encargados de citar a las realización de las mismas.

Otro de los puntos es el de la supresión de las Contralorías y las Personerías. En este sentido, lo que se busca es eliminar gastos innecesarios en los departamentos, municipios y distritos y más bien, destinar esos recursos a la inversión social, en campos como la educación.

A través de esta vía, el objetivo entonces sería que el ahorro generado en los próximos diez años, se reflejara en mejoras como la ampliación de la cobertura y al mejoramiento de la calidad, en educación preescolar, básica y media, entre otros.

Un 56 por ciento a la ampliación de la cobertura con calidad en educación preescolar, básica y media, un 37 por ciento para agua potable y saneamiento básico y el 7 por ciento para el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales; así serían destinados estos fondos.

Concretamente de hacerse esto, el control de la gestión fiscal quedaría en manos de la Contraloría General de la República, la cual contaría con el apoyo de fundaciones, corporaciones, universidades, instituciones de economía solidaria o empresas privadas.

En el caso de las personerías, dichos organismos serían asumidas por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, entes que nuevamente se respaldarían en fundaciones, corporaciones, universidades, entre otras. De ser aprobado, esta modalidad para ambas situaciones comenzaría a operar a más tardar el 31 de diciembre de 2003.
Con información de la Presidencia de la República.