Discurso del Presidente en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso.

Colombia.com publica el texto completo del discurso pronunciado este lunes 20 de julio por el Presidente Álvaro Uribe en la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso. La información fue suministrada por la Presidencia de la República.

“Muy respetados Senadores y Representantes:

El sueño elemental de muchos colombianos es tener una Nación segura, sin exclusiones, con equidad, sin odios, con pluralismo, en debate fraterno, sin antagonismos insuperables. Una Nación que genere confianza y ofrezca oportunidades. Entonces se requiere el pleno imperio de las instituciones democráticas y la cohesión social.

La política social, concebida alrededor de las 7 Herramientas de Equidad, tiene que ser sostenible y agregar valor. Para ser sostenible, debe ir acompañada de un permanente y elevado crecimiento de la economía, que provea los recursos. De lo contrario, solamente es posible financiarla durante algunos momentos y en favor de pequeños grupos. Para agregar valor, no puede quedarse en la esfera asistencialista, tiene que contribuir a la incorporación de los excluidos y a la apertura de los canales de movilidad social, propios de los pueblos democráticos.

Revolución educativa

Nada mejor para la incorporación de los excluidos que la Revolución Educativa. Desde agosto de 2002 se han creado más de 750.000 nuevos cupos en educación primaria y secundaria. Se ha elevado la carga por profesor a casi 30 alumnos, lo cual denota un gran esfuerzo en productividad, liderado por el Ministerio de Educación con el apoyo de alcaldes, gobernadores y maestros.

La cobertura en educación básica y media ha pasado del 82% al 85% durante el período de Gobierno. Para continuar avanzando y cumplir la meta de 1.500.000 nuevos cupos en el año 2006, se requiere una aplicación muy eficiente del incremento de las transferencias y la mayor asignación posible a este propósito educativo de las regalías indirectas.

Lo que aún falta en cobertura de educación básica, ilustra la imposibilidad de hacer una reforma estructural de impuestos por la vía de la reducción de las transferencias.

Se han creado 103.901 nuevos cupos en los dos últimos años en educación superior. De los nuevos cupos, el 87% corresponde a Instituciones de Educación Superior Públicas.

Se percibe gran entusiasmo por la creación de los centros regionales universitarios. En la primera etapa se conformarán 10, que mediante un operador independiente y con la oferta virtual de programas de varias universidades que muestren pertinencia para la región, empezarán a atender 7.000 estudiantes.

Con el ICETEX se benefician hoy 70.641 estudiantes mediante créditos con recursos propios de la entidad, un 53,7% más que aquellos beneficiados a julio de 2002. La cartera pasó de 474.000 millones a 698.000 millones.

En 2002, las tasas de interés para estos créditos eran del 24 y del 22 por ciento. Desde 2003 se redujeron a 12 por ciento para los estratos 1,2 y 3. Antes se requería 2 codeudores con finca raíz. Hoy se exige un solo codeudor, sin finca raíz y al menos con un salario mínimo. Estos créditos se otorgaban en las grandes ciudades capitales; hoy se cubren 970 municipios, junto con la posibilidad de hacer el trámite por Internet.

Los resultados de las Pruebas Saber nos empiezan a mostrar las grandes deficiencias de calidad en educación básica y media y los caminos para corregirlas. Cada institución educativa debe desarrollar un plan de mejoramiento con el liderazgo de sus directivos y profesores.

En calidad de educación superior han sido acreditados 113 programas.

En el SENA se capacitaron 1.100.000 jóvenes en 2002 y se llegó a 2.200.000 en 2003. La meta para este año es capacitar 2.600.000 y llegar a 4.000.000 en 2006. Todo ello de la mano de la disminución de los gastos administrativos no misionales, la suspensión de nuevas construcciones y la mayor apelación a la formación virtual.

El último seguimiento a los egresados del SENA mostró que el 62% ha encontrado vinculación laboral u oportunidad de trabajo. En Diciembre evaluaremos la meta de presencia de esta entidad en todos los municipios de la Patria.

El SENA se ha hecho cargo del programa Jóvenes en Acción, que ahora se complementa con Jóvenes Rurales. La graduación por estos días de 19.000 jóvenes en ese programa, será sucedida por un nuevo curso para 25.000 muchachos. Estos programas benefician a jóvenes de estratos 1 y 2, bachilleres que no han ingresado a la universidad, que además carecen de alternativas económicas. Hace pocas semanas en Simití, Bolívar, iniciamos la convocatoria para más de 64.000 jóvenes rurales.

Gracias a la reforma del SENA, estos 2 programas son hoy sostenibles, con recursos de la entidad, sin apelación a contratación de créditos.

Dentro del Programa de Bandas Musicales han sido creadas o fortalecidas 189 en municipios pobres. Con ello se han beneficiado 4.700 niños y jóvenes.

Como parte del programa País de Lectores, la Red Nacional de Bibliotecas ha creado o fortalecido 348 bibliotecas.

El turismo cultural y la afluencia de los colombianos a los eventos folclóricos muestran una magnífica recuperación.

16.962 promotores de convivencia se han capacitado para formar en la solución pacífica de conflictos a otros colombianos, mediante la cual se enseña a respetar la diversidad, a convivir fraternamente, a pesar de que existan intereses o derechos en discusión.

Con los recursos que se garantizaron mediante el cobro del 4% por llamada de celular, Coldeportes atiende de modo preferente los proyectos para los juegos nacionales, los Bolivarianos y los centroamericanos.

Ampliación de la protección social

Durante el año 2003, 1.123.658 colombianos ingresaron al Régimen Subsidiado de Salud, de los cuales más de 600.000 hallaron su posibilidad gracias a la corrección de la multiafiliación. La meta de 2004 es afiliar 1.500.000 colombianos. Empujemos para que sean 1.700.000. A la fecha ya se ha superado el millón. Además, en septiembre, estará en marcha la entrega a 1.500.000 compatriotas de un seguro básico contra enfermedades de alto costo. Por primera vez en largo tiempo, los recursos del fondo de solidaridad en salud se aplican en su totalidad y no se utilizan para financiar otros rubros de gasto público.

Durante el Gobierno hemos reducido la cuota de administración de las administradoras de Régimen Subsidiado del 15 al 8 por ciento. El Congreso aprobó que cualquier nueva administradora que se autorice debe ser sin ánimo de lucro; hemos incrementado el número mínimo de afiliados; hemos sancionado sin vacilación casos de corrupción; pero es mucho lo que falta por hacer para tener un Régimen Subsidiado plenamente confiable.

Son frecuentes las quejas de corrupción por la contratación de las actividades de prevención.

Aspiramos a concertar y aprobar con el Congreso la reforma definitiva que nos garantice transparencia, el mejor uso de los recursos y un salto definitivo hacia la cobertura universal.

La nueva reforma debe crear mecanismos para sacar adelante la red pública hospitalaria, con la condición de que los hospitales públicos sean reestructurados y viables. Este año se aplican más de 100.000 millones del presupuesto nacional para financiar reformas estructurales de hospitales públicos. El hospital público debe ser una fuente de servicios y no un órgano de destrucción de recursos presupuestales y de desatención a los pacientes.

Desde agosto de 2002 a diciembre de 2003, 639.738 colombianos han ingresado al Régimen Contributivo de Salud. A las cajas de compensación familiar lo han hecho 281.559 entre diciembre de 2002 y marzo de 2004.

Para impulsar la ampliación de la afiliación a la salud se disminuyó a 1.5 salarios mínimos la base de cotización de los trabajadores independientes. Estaba en dos salarios mínimos y noha sido posible reducirla a más

Los afiliados al régimen de pensiones aumentaron en cerca de 1.000.000 desde agosto de 2002, entre el Seguro Social y los fondos de pensiones.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar atiende 4.600.000 niños. Especial atención se ha prestado a un nuevo programa de desayunos infantiles iniciado en Arauca, Sucre y Bolívar, que completará este año la meta prevista para el cuatrienio de 500.000 y esperamos poder llevarlo a 1.000.000 de niños beneficiarios en 2005. Su más importante impacto es la retención escolar.

La reforma administrativa, en aras de la productividad del Estado, asignó al Instituto de Bienestar Familiar el manejo del programa de subsidios a la tercera edad. Venimos de atender 62.837 ancianos en 350 municipios, con irregularidad en los pagos. Este año serán 170.00 ancianos atendidos en la totalidad de los municipios. El reto es pagarles cumplidamente. Tenemos que crecer el programa de alguna manera porque, a pesar del esfuerzo presupuestal y del aumento en cobertura y territorio, la Patria tiene alrededor de 500.000 ancianos indigentes. Este programa cohesiona la familia y reconcilia la Nación.

Nos hemos propuesto cumplir en los pagos a 340.000 Familias en Acción. El cumplimiento es la única manera de ganar credibilidad para la política social. El costo oscila en $37.000 millones cada 2 meses. Se subsidia a la familia para la alimentación del niño con la condición de que acredite su asistencia escolar. Beneficia alrededor de 800.000 niños. La evaluación del programa demuestra excelentes resultados en nutrición y asistencia escolar.

La ganancia en nutrición infantil y en asistencia escolar hace de Familias en Acción un típico programa de política social que agrega valor comunitario y abre oportunidades de movilidad a los beneficiarios. Ojalá podamos superar tanta estrechez presupuestal para incorporar otras 60.000 familias el próximo año.

El Programa de Seguridad Alimentaria tiene como meta para 2006 la atención a 3 millones de campesinos. A la fecha hemos llegado a 500.000. Es una manera de evitar el desplazamiento.

Si bien el desplazamiento ha disminuido de 400.000 a 100.000 desplazados por año, este número sigue siendo alarmante.

El programa de retorno de desplazados ya ha favorecido cerca de 16.000 familias. Este año ingresarán otros 100.000 desplazados al régimen subsidiado de salud. Este flagelo es de las peores tragedias que ha sufrido la Patria.

Si bien no hemos podido reducir el desempleo en la proporción anhelada, la economía privada reinició el proceso de generación de empleo. En efecto, 1.200.000 nuevos empleos han sido creados.

Los incrementos de salario mínimo han superado la inflación.

Manejo Social del campo

La oferta exportable que se avizora, la población rural que todavía crece, la dependencia del campo de muchos centros urbanos, nos obligan a promover un tonificado sector agropecuario.

La recuperación del campo es imprescindible para recuperar el empleo y asentar la paz.

En 2003 se reactivaron 160 mil nuevas hectáreas y este año la meta es llegar a otras 140 mil.

En financiamiento agropecuario, FINAGRO aumentó sus colocaciones un 48% en 2003 y un 42% en lo corrido de 2004. El Banco Agrario en 55% y 41% en los mismos 2 últimos períodos.

El incentivo de Capitalización Rural en 2003 financió 4.500 proyectos, que ejecutaron inversiones por $275 mil millones.

Se han creado 58 Bancos de Maquinaria agrícola.

No hemos ahorrado esfuerzos para superar la crisis de la caficultura. La promoción de los cultivos de maíz y fríjol, en las áreas de soqueo, ha adicionado ingresos a los campesinos.

Es esencial continuar con el incremento de los cafés especiales, orgánicos, con mayor valor agregado nacional y con las tiendas Juan Valdéz, a fin de que el mejor producto y el más directo canal de mercadeo defiendan el ingreso de los productores.

Con las reformas y la agilización de los procesos de extinción de dominio, esperamos acelerar el programa de dotación de tierra a los campesinos. Hasta ahora se han entregado 3.527 hectáreas que benefician a 611 familias.

Un programa importante es Familias Guarda boques al que se han integrado 21 mil familias. Las familias reciben $5 millones al año, cuidan 553.000 hectáreas para mantenerlas libres de droga y recuperar el bosque.

Este programa es esencial en fábricas de agua como el Macizo Colombiano y la Sierra Nevada.

Manejo Social de los servicios públicos

En el tema de los servicios públicos el Gobierno ha trabajado para introducir armonía en las relaciones entre prestadores y usuarios, por ejemplo, en la provisión de energía en la Costa Caribe. En lugar del enfrentamiento que ahuyenta al inversionista y maltrata al usuario, necesitamos relaciones constructivas, basadas en la solidaridad, la ausencia de abusos, el pago oportuno. Vale la pena destacar el experimento de microempresas de distribución de energía, con alta participación de los usuarios.

Se han incorporado 280.000 nuevos usuarios de energía eléctrica.

Se ha dado un incremento en los subsidios de energía contra el presupuesto nacional, gracias a la decisión de atar a la inflación la elevación de tarifas en los consumos básicos de los estratos populares.

Debo registrar la preocupación por la desproporción entre el aumento de las trasferencias nacionales para acueductos y alcantarillados y los pobres resultados en mejoramiento y cobertura obtenidos en muchos municipios. Durante 2003 se amplió el total de suscriptores en acueducto, alcantarillado y recolección de residuos sólidos en más del 2%. Con la partida de $365.000 millones asignada en las audiencias públicas, daremos un buen impulso a tan angustiosa preocupación.

Confiamos construir un gran consenso entre todos los actores para emprender en forma definitiva la limpieza del río Bogotá.

En telecomunicaciones se han instalado 19 mil nuevas líneas y se han repuesto 24 mil. Se han creado 56 puntos de comunicaciones para personas con deficiencia visual y auditiva. Hemos continuado con mayores crecimientos del programa Compartel, que ha contratado la instalación de 3.000 puntos de Telefonía Rural Comunitaria y 500 telecentros.

Los 1.097 municipios de Colombia cuentan con telefonía básica e Internet. En estos dos años se pasó de un cubrimiento de servicio telefónico del 67 al 83% de las 21.000 localidades de la geografía nacional.

Mediante el programa de Computadores para Educar se han entregado 23.104 computadores en 2.523 instituciones educativas públicas, que han beneficiado a 769.515 niños y niñas.

En la tarea de reestructurar empresas sensibles de servicios debe destacarse el caso de Emcali, próximo a ser concluido. Continuará siendo estatal, sostenible y con un Fondo de Capitalización Social, del cual serán socios todos los usuarios, que la dotará de apalancamiento e independencia financiera. La empresa firmará con el fondo un plan de desempeño y unos compromisos de administración con transparencia y austeridad, que den al pueblo caleño las mejores garantías de prestación del servicio.

Hoy están en proceso de reestructuración EIS Cúcuta, Enertolima, Telesantamarta, Cedelca, y la Empresa Distrital de Telecomunicaciones de Barranquilla. Se han superado las crisis de las electrificadoras de Caldas, Tolima y Quindío.

En presencia de algunos de ustedes, distinguidos congresistas, se realizó hace poco la reunión de todos los prestadores de servicios públicos, que contó con asistencia de representantes de los usuarios. A pesar de todo lo que falta, pudimos notar un gran mejoramiento en el clima de confianza en Colombia y en las relaciones entre prestadores y usuarios.

En esa reunión nos comprometimos a dictar una norma administrativa que introduzca la audiencia pública obligatoria para tramitar reclamos ante las comisiones de regulación. La reclamación a puerta cerrada corre el riesgo de ser objeto de sospecha. La reclamación y su trámite en audiencia pública obligan a mayor objetividad en los argumentos, a mayor equidad en la decisión y, sobre todo, genera credibilidad.

País de Propietarios

Nadie puede sentirse dueño del País y nadie excluido del derecho de propiedad. Colombia nos debe doler a todos.

Para aproximarnos al País de propietarios trabajamos como instrumentos el micro crédito, los fondos de capitalización social a la manera de Emcali, las empresas con participación propietaria de trabajadores, la asignación campesina de los predios rurales de extinción de dominio y la vivienda.

El micro crédito es uno de los ejes fundamentales para la construcción de un país de propietarios.

Entre agosto de 2002 y junio de 2004 se ha realizado un desembolso efectivo de $3,2 billones. De ellos, $2,1 se otorgaron a 1.027.000 microempresarios a través de IFI- Bancoldex, la Banca Comercial, ONGs, FINAGRO y Fundaciones. Y $1,1 billones se destinaron a la financiación de 11.500 pequeños y medianos empresarios.

La cartera a favor de los microempresarios ha crecido un 44% y el saldo asciende a $1.378.000 millones. Ha sido definitiva la vinculación de gobernaciones y alcaldías para otorgar garantías que protegen el 70% del valor del crédito.

Necesitamos que las buenas fundaciones y el SENA, que forman y acompañan a los microempresarios, hagan presencia en todas las regiones de la Patria.

Los trabajadores se han convertido en copropietarios de tres empresas de servicios públicos: Hydros Melgar, Hydros Mosquera e Hydros Chía. Y se están adelantando otros 7 procesos similares.

En Paz del Río se logró un modelo empresarial participativo. Con el aporte de los líderes sindicales y la administración de la empresa, los trabajadores pasaron a ser dueños del 43% de la empresa. Antes sólo poseían el 9%. En 2003 las utilidades netas llegaron a $40 mil millones. En lo que va corrido de 2004, ascienden a $68.620 millones.

Continúa la recuperación de la construcción, pero estamos retrasados en la ejecución de vivienda social. No obstante, tenemos confianza en que las reformas introducidas a esta política, permitirán mostrar unos mejores resultados en los meses que vienen. Se ordenó la liquidación de Inurbe. Fue reemplazado por las cajas de compensación y un fondo en Findeter. Hemos dictado las normas para levantar bloqueos de ciudades a la vivienda social. Buscamos que los adjudicatarios de subsidios tengan los requisitos para poder acelerar la ejecución de los proyectos. En el caso de los desplazados, la exigencia de ahorro será posterior.

En el período gubernamental se han asignado 99.352 subsidios y se han otorgado 9.541 créditos de vivienda, para un total de 108.893 soluciones de interés social.

Con la línea de redescuento de Findeter, alimentada por el sector financiero, se han aprobado recursos a 27 entidades por $250 mil millones, lo que permite financiar a 25.000 familias.

Aspiramos a ejecutar $60.000 millones este año en mejoramiento de vivienda rural, lo que equivale a duplicar el presupuesto inicial.

Con los micro hoteles hemos empezado a desarrollar el concepto de vivienda social productiva. Esperamos terminar el año con cerca de 500 en el País y de 150 en el Cabo de la Vela en la Guajira, con la comunidad Wayú.

Infraestructura y calidad de vida urbana

Cada día es más urgente mejorar la infraestructura en aras de la competitividad y la calidad de vida de los ciudadanos.

A la fecha se han logrado 1.039 kilómetros de pavimentaciones y repavimentaciones. A esta cifra se adicionarán los 2.500 kilómetros de nuevos pavimentos, con un sistema de patrimonio autónomo y vigencias presupuéstales futuras, para cuya estructuración financiera se estudia una propuesta de la Corporación Andina de Fomento.

La reciente adjudicación de la doble calzada Bogotá-Girardot y de la primera etapa del túnel de la Línea, tendrá una gran incidencia en el transporte entre Bogotá y el Pacífico.

Para asegurar el mantenimiento de los corredores viales principales, durante un período relativamente extenso, fue cerrada la licitación que se espera adjudicar en los próximos días, también en audiencia pública televisada.

Uno de los objetivos de la política internacional, que es la participación de Colombia en el capítulo de infraestructura del plan Panamá-Puebla, resucita el proyecto de la vía panamericana entre el Chocó y el Istmo. Esperamos el acuerdo de los dos gobiernos para definir el punto de encuentro en la frontera, que debe beneficiar el futuro corredor turístico de esta parte del Caribe chocoano. En ese momento emprenderemos la gestión de los recursos internacionales.

Con los recursos de la ley de puertos y gestiones ante gobiernos europeos nos acercamos a la ejecución de un ambicioso plan de obras en el puerto de Barranquilla. Estamos en ejecución del dragado del canal de acceso a la bahía de Cartagena, y en diciembre el puerto debe despachar buques con el doble de capacidad de contenedores.

El movimiento de carga por el río Magdalena ha crecido en un 37%. Con el Gobierno de Brasil se examina la posibilidad de un crédito de largo plazo para mejorar la navegabilidad del río Meta, arteria fundamental en la comunicación con el Caribe y con la hidrovía suramericana.

Se adelanta un ambicioso plan aeroportuario que va desde la aviación social en zonas aisladas hasta el Plan Maestro para el Dorado que, con la necesaria consulta a la comunidad de Bogotá y a las autoridades distritales, debe adjudicarse en los próximos dos años.

La Nación financia el 70% de los sistemas de transporte masivo. La obra se ejecuta con velocidad en Bogotá, ya se inició en Cali y estamos agotando estudios y procesos de contratación en Pereira, Bucaramanga, Valle de Aburrá, Cartagena y Barranquilla.

Han sido activados 650 kilómetros de las concesiones férreas del Pacífico y del Atlántico. En esta última, a pesar de haber duplicado su capacidad de carga, para superar el límite actual de 24 millones de toneladas por año, se requiere definir el litigio entre el concesionario, el usuario y la Nación.

A propósito de litigios, es imposible que crezca la inversión y mejore la infraestructura cuando la mayoría de los grandes contratos terminan en pleitos y frustraciones. Litigios en telecomunicaciones, concesiones viales, ferrocarriles.

Tenemos la voluntad política de seguir adelantando conciliaciones, donde se pueda, con 3 requisitos: ajuste riguroso al ordenamiento jurídico, equidad en las mutuas prestaciones y transparencia. Presupuesto esencial de la transparencia es la difusión amplia a la opinión ciudadana de los términos de los acuerdos, antes de perfeccionarlos.

Pensiones

Nuestro programa de saneamiento macroeconómico incluye más confianza, más seguridad, más ingresos fiscales, más base de contribuyentes, más estímulos productivos, más inversión social, menos nómina estatal, menos gastos generales.

Los dos nubarrones fiscales que debemos despejar son la deuda pensional y la declinación en la explotación de petróleo.

Después de la ley 100, el primer siguiente paso para corregir el déficit pensional fue la ley 796 de 2002, aprobada durante los primeros meses del Gobierno. Se hizo el intento no aprobado del Referendo. En las entidades públicas sometidas a reformas, se ha avanzado bastante en la solución del problema pensional. Lo mismo en el Fondo Prestacional del Magisterio.

Sin embargo, el problema continúa con el agravante del agotamiento de las reservas del Instituto de los Seguros Sociales. Este peligro se desestimó durante años, pero ahora demanda una transferencia anual de la Nación al Instituto, que este año alcanza la suma de 1 billón setecientos mil millones y el entrante 3 billones ochocientos mil millones. Es grave continuar difiriendo el problema hacia adelante para que lo resuelvan los futuros gobiernos y las futuras generaciones. Es grave poner a los pensionados del Seguro Social ante la incertidumbre de no contar con los recursos para pagar sus pensiones. Es grave sacrificar otras inversiones sociales por dedicar el poco dinero disponible al pago de pensiones. Es urgente resolver el problema pensional. Las soluciones generan más debate político inmediato, pero la falta de soluciones aleja más la recuperación de la economía y del tejido social.

En consecuencia, proponemos una Norma Constitucional para pensiones, una ley y unas normas tributarias que ayuden a resolver el tema.

La Norma Constitucional se examinó en el consenso político. Propone eliminar los regímenes privilegiados a partir del año 2008. En el caso del Presidente de la República sería de aplicación inmediata. También de inmediato elimina la mesada 14 para los nuevos pensionados y adopta un techo de 25 salarios mínimos para las nuevas pensiones públicas. Respeta derechos adquiridos para no crear el precedente de desconocerlos con reformas constitucionales.

La ley vigente fija la edad pensional en 62 años para los hombres y 57 para las mujeres, que regirá en el 2014. El proyecto de ley propone anticipar la fecha.

Estos esfuerzos son insuficientes y no contribuyen al pago inmediato de pensiones. Por eso agregamos en la propuesta un impuesto a las pensiones altas, de la misma forma que opera la retención a los altos salarios. Y conectamos el tema con unas normas tributarias.

Es necesario que la tributación general contribuya al pago de pensiones y debemos entender que este pago constituye un gasto o inversión social.

En el esquema de beneficios y requisitos pensionales no tenemos espacio sino para lo propuesto en los anteriores renglones, pues en leyes anteriores se aumentó cotización, número de semanas de cotización y se redujo el valor de la pensión como porcentaje del salario.

La propuesta de generalizar el IVA con una tarifa pequeña que no grave servicios públicos, educación ni salud, la presentaremos por descarte de otras opciones. También con el compromiso de devolver al estrato más pobre el costo que el impuesto implique para los sectores populares. Así lo han propuesto algunos congresistas liberales, conservadores e independientes de la bancada Primero Colombia.

La devolución debe ganar credibilidad con el cumplimiento que el Gobierno ha demostrado para devolver a los usuarios de dinero plástico el valor de 2 puntos del IVA del 16%.

Se propone el IVA general porque hemos gravado el patrimonio, aumentado la tarifa de renta y las cotizaciones pensionales. El IVA general crea disciplina impositiva, ayuda a controlar evasión y quien paga impuestos eleva su sentido de pertenencia a la Nación.

Para garantizar la destinación al pago de las pensiones debidas se crearía una cuenta especial.

En exenciones tributarias no disponemos de margen para incrementar el recaudo. Las más importantes son el Banco de la República, cuyas utilidades pasan al Gobierno; los ingresos laborales hasta determinado monto, por una razón social; y los dividendos, que se gravan previamente en la empresa.

Este Gobierno ha marchitado beneficios tributarios que no tenían justificación social ni aportaban al crecimiento de la economía. Además, ha introducido beneficios para actividades nuevas, que necesitamos, y para expandir la economía y el empleo como la deducción del 30% a las nuevas inversiones. Dada la alta tasa de tributación, sin esos beneficios un buen porcentaje de las nuevas inversiones no estaría en ejecución. El crecimiento económico que de ellas se infiere será también bondadoso para el fisco en los próximos años.

Hemos logrado una tributación elevada para quienes no quieran crecer y estimulante para quienes crezcan y generen empleo.

Un grupo de senadores, encabezados por el Doctor Luis Guillermo Vélez Trujillo, ha insistido en la tesis de utilizar por parte del Gobierno 500 millones de dólares de las reservas que administra el Banco de la República. Ya hemos utilizado 100 millones y creemos que deben utilizarse los 400 restantes, pero con el buen cuidado de no estimular la revaluación que tanta preocupación nos causa. Para que estas medidas no nos afecten el riesgo país y el costo de deuda, deben acompañarse de esfuerzos tributarios adicionales como los que proponemos.

Energía e Hidrocarburos

Este año las exportaciones de carbón darán el enorme salto a 52 millones de toneladas. En el 2002 alcanzaron 39.5 millones de toneladas. Pero sigue decayendo la producción de petróleo y aun no se confirman hallazgos que tranquilicen.

Los estímulos tributarios y la racionalización de regalías, la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la extensión de contratos y el mejoramiento de la seguridad, han ayudado a aumentar el área de sísmica, los contratos efectivos de exploración y los pozos explorados. En el año 2003 regresamos a 28 pozos explorados, cifra que no conocíamos desde 1992. En junio completamos 18. Grandes compañías que habían abandonado a Colombia están de regreso.

La reforma de Ecopetrol la hace más competitiva, más austera y más sostenible. No somos partidarios de privatizar la empresa, pero requerimos su sostenibilidad y pujanza.

En gas natural ha empezado una etapa de recuperación de producción.

Con Venezuela hemos acordado la construcción del gasoducto para suministro de gas de la Guajira a Maracaibo, que en sentido contrario y en años venideros, permitirá alimentar a Colombia, una vez Venezuela conecte el occidente con los yacimientos del este.

Tan pronto concretemos el ingreso al Plan Panamá-Puebla, que ya está bastante adelantado, el gasoducto deberá extenderse hasta la región centroamericana, lo mismo que la línea de transmisión de energía.

Firmamos con Venezuela el acta de intención para la construcción del oleoducto de Maracaibo al Pacífico, que hará posible la exportación de combustibles de Venezuela al Asia, el desarrollo del Puerto de Tribugá en el Pacífico chocoano y dará a Colombia una alternativa de abastecimiento.

Una política energética integral y eficaz debe evitar que seamos víctimas de la crisis de energéticos que amenaza el desempeño de la economía mundial.

Las exportaciones de energía harán factible el desarrollo de nuevos proyectos hidroeléctricos, por ejemplo Sogamoso y Pescadero, que se sumarán a los que están en marcha como Porce III, Brazo Seco en el Pacífico Caucano y Amoyá en el Tolima.

La interconexión de Puerto Carreño que realizamos después de 20 años de reclamos, nos invita a proceder con obras semejantes en la Amazonía y el Pacífico. Debemos mezclar interconexiones, pequeñas hidroeléctricas y sistemas pelton.

Gracias a los estímulos tributarios, Empresas Públicas de Medellín instaló en la Guajira el primer complejo de 20.000 kilovatios de energía eólica o de brisa, fuente que tiene en ese departamento un porvenir brillante.

Colombia cuenta con grandes posibilidades para combustibles de origen biológico. El año entrante se dispondrá de las primeras plantas de alcohol carburante. Estamos empeñados para que también se instalen en zonas tradicionalmente paneleras como la olla del Río Suárez.

Invito al Congreso a aprobar el estímulo tributario para la producción del diesel biológico, que en el caso de la palma africana ofrece enormes posibilidades.

Reactivación Económica

Durante el primer trimestre de 2004 la economía colombiana creció 4.08%. La empresa privada se ha constituido en el principal dinamizador. El índice es alentador al considerar que este crecimiento se da no obstante el necesario combate a la economía de la droga y la reducción del déficit fiscal.

La reducción del déficit no es ideológica. Al contrario, tuvimos que imponerla por las dificultades para financiarlo, que eran crecientes, debido a su desbordamiento. Nadie financia un déficit en una economía sin recursos para pagar a los soldados, a las mamás de las familias en acción o a los ancianos.

Y qué difícil resulta reducir el déficit cuando simultáneamente es necesario mejorar la seguridad, ampliar la protección social y reanudar el ritmo en desatraso de infraestructura.

Por eso ha sido fundamental la reforma del Estado, que aún no ha culminado. Este Gobierno es ajeno a la moda privatizadora que recorrió el continente. Creemos en la necesidad del Estado para proteger a la comunidad frente al mercado; para proveerla de servicios a tarifas accesibles cuando el mercado no lo haga, o para dar una opción frente a este; o para ejercer una función oficial exclusiva.

La cláusula social, que debe ser rectora de una economía privada, necesita la presencia garante del Estado.

Los gastos de funcionamiento del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva, sin tener en cuenta el sector defensa, disminuyeron en un 7,7% real en 2003 comparado con el año anterior. A mayo de 2004 se registró una reducción del 13,5%, frente al primer trimestre del año anterior.

En 2003 el sector defensa creció en 8,4%, en virtud de la política de seguridad democrática. En la financiación de esta política han contribuido los sectores más pudientes del país a través del impuesto al patrimonio.

Culminada la primera fase de las reformas el pasado 31 de enero, de las 302 entidades de la rama ejecutiva del orden nacional que había en agosto de 2002, hoy tenemos 276. Se han rediseñado 142 entidades: 99 han modificado su planta o estructura organizacional, se crearon 6, se escindieron 3, se liquidaron 30 y se fusionaron 4.

Con el Plan de Protección Social, cerca de 14 mil personas se han beneficiado del retén social para madres cabeza de familia, discapacitados y personas próximas a cumplir los requisitos de pensión, además con formación en el SENA.

La reforma del Estado tiene un efecto en disminución de gastos y evita catástrofes, que suelen no estimarse mientras no se presenten.

Solamente tres preguntas para ilustrar el escenario que se avizoraba en ausencia de la reforma administrativa: ¿qué habría pasado con los pensionados de Telecom, cuando la vieja empresa perdía medio billón al año?; ¿de dónde habrían salido los $350.000 millones para sostener al IFI?; ¿cómo habría logrado el SENA dar el salto en estudiantes formados, asumir la carga de los jóvenes en acción y lanzar el programa jóvenes rurales?

Entre las reformas más importantes que hacen falta está la de las clínicas del Seguro Social.

La reforma del Estado contribuye a construir condiciones más favorables para la reactivación económica.
Necesitamos que la economía crezca de manera sostenida por encima del 5% para combatir el flagelo del desempleo. Propuestos sin vacilación, lograremos la meta. La mayor confianza, la tendencia de las tasas de interés y la afluencia de inversión privada, son buenos augurios.
El Honorable Congreso conoce las razones por las cuales impulsamos acuerdos de comercio para ampliar los mercados de la producción colombiana.

Hemos logrado el acuerdo entre la Comunidad Andina y Mercosur, facilitado por un alto nivel de consenso nacional. Los efectos pueden ser no muy significativos en el corto plazo. En el futuro lo serán. Se crea un mercado muy grande y se espera mejor desempeño de las economías que lo integran. Surgen posibilidades de que el bloque Comunidad Andina-Mercosur realice convenios con países y bloques asiáticos que hoy nos son distantes.

El acuerdo Comunidad Andina-Mercosur tiene un notable valor para la unidad política suramericana.

En la compañía de Perú y Ecuador estamos en la negociación del acuerdo con los Estados Unidos. Bolivia participa como observador pero ya ha empezado a manifestar intenciones de ser socio activo. Hemos dado plenas garantías a Venezuela y deseamos su participación.

Es diferente la situación de una economía petrolera que le arrebata su producto en los países industrializados, a una economía como la nuestra, que debe franquear toda suerte de barreras para que sus productos accedan a destinos comerciales.

Los sociólogos de los años 70 señalaban una gran injusticia en los términos de intercambio entre los países industrializados, única fuente de bienes de capital y tecnología, con recursos fiscales para subsidiar agricultura, y países como Colombia exportadores de productos básicos.

Los procesos de sustitución de importaciones se agotaron sin corregir esos desequilibrios. Finalmente no nos abrieron mercados y la tecnología volvió a dejarnos atrás. Las aperturas unilaterales tampoco han causado reciprocidades en acceso a mercados. Los acuerdos de comercio deben dar pasos de equidad.
Equidad debe ser la palabra tutelar de esos acuerdos. Equidad con la pequeña empresa, con el agro, con los productos sensibles.

Equidad para que la propiedad intelectual derivada de la biodiversidad amazónica pueda ser apropiada solamente por los países concurrentes a la cuenca.

Debemos continuar la exploración de acuerdos similares de comercio con Canadá, Centro América y Asia.
Estamos a la expectativa de la confirmación oficial de la Unión Europea para una extensión por 10 años del sistema general de preferencias, ya anticipado positivamente por los mandatarios europeos. Esos 10 años deberían servir para el acuerdo definitivo.

El Gobierno es consciente que este acuerdo con los Estados Unidos debe basarse en un gran consenso nacional. El proceso seguirá su curso hombro a hombro con el Congreso.

Largo plazo

Planeación Nacional labora en un documento de visión de largo plazo, que será sometido al debate popular. Servirá de insumo para proyectar las diferentes tendencias y aquello que empieza a ser conocido con el nombre de agenda interna de competitividad.

Estamos en la exploración de un proyecto especial para el Vichada, para su conquista definitiva. El Presidente Betancur concibió a Marandúa, donde hoy la Fuerza Aérea dispone de 64.000 hectáreas. Allí sería el principio de un desarrollo agro-ambiental, con palma africana, caucho, pino caribe, y otras especies, El proyecto buscará inversión internacional financiada por los mercados verdes.

Ese departamento tiene en los ríos Meta-Orinoco una vía privilegiada y 6.300.000 hectáreas de sabanas, sin incluir los ríos ni las protecciones forestales de los nacimientos de agua. El régimen de lluvias es muy aceptable. Con las tierras idénticas de los departamentos vecinos, se convierte en alternativa para el direccionamiento de las tendencias poblacionales del futuro. La construcción de una barrera de protección a la selva se proyecta como ventaja adicional.

En ejercicio del control político podrá examinar el Congreso la marcha detallada del Gobierno, de la cual me he atrevido a hacer mención con el ánimo de señalar avances y dificultades concretas.

El Gobierno agradece a todos ustedes el gran esfuerzo en la legislatura que concluyó. Todos ansiamos que la que se inicia sea pródiga para la Patria.

Extiendo de manera muy especial nuestra gratitud a las mesas directivas encabezadas por el Senador Germán Vargas Lleras y el Representante Alonso Acosta Ocio. En medio de tanto debate, con abnegación y austeridad, presentaron un balance de trascendencia.

Me acompaña en este acto Francisca Sierra, una de las mamás de Familias en Acción. Sus hijos, de idéntica manera que 800.000 niñitos colombianos, han mejorado su asistencia escolar y la nutrición por el subsidio estatal. Pero tenemos que llegar a muchas más.

Me acompaña en este acto Pedro Nel Alzate. Como otros miles de muchachos abandonó los actos terroristas y se acogió al programa de reinserción en un encuentro fraterno con sus compatriotas. Pedro Nel es un ejemplo de rectificación para quienes insisten en el camino tortuoso de la violencia. Actualmente está estudiando mecánica automotriz en el SENA y se gradúa en dos meses. Es el llamado a un compromiso del Gobierno y la sociedad para albergar a todos los compatriotas que regresen a la vida Constitucional.

Me acompaña en este acto María Esperanza Córdoba, una de tantas colombianas y colombianos que han sufrido el secuestro y regresado a la libertad. Es un llamado de atención para derrotar el secuestro y para que los secuestrados regresen sin que su liberación implique fertilizar el delito. Si mantenemos el secuestro en Colombia, quienes quieran escaparse del riesgo tendrán que vivir desplazados en el extranjero.

Me acompaña en este acto Janeth del Rocío Quintero, quien como miles de microempresarios ha recibido por primera vez un crédito. Como Janeth, millones de colombianos esperan una oportunidad para que su talento pueda ser de mayor utilidad a la Patria.

Me acompaña en este acto Heiber Herrera Cuyare, soldado de la Patria. En su batalla heroica contra el terrorismo sufrió graves quemaduras en la cara y en el cuerpo, como consecuencia de la explosión de un carro bomba en Arauca. Como Heiber Herrera, cientos de héroes, policías y soldados, en las ciudades y campos de Colombia, exponen a esta hora su salud, su vida y su tranquilidad para garantizar la salud, la vida y la tranquilidad de la Patria.

Gratitud infinita con los soldados y policías que hacen este sacrificio por la seguridad democrática. Su trabajo permitirá rescatar el poder real que había perdido el Estado a manos del terrorismo.

La experiencia de la Patria es clara: las fuerzas institucionales proceden con eficacia, más allá de las disponibilidades presupuestales, cuando hay indeclinable voluntad política en el mando civil, acompañamiento de las otras instituciones del Estado y apoyo del pueblo.

La paz se obtiene cuando las instituciones aterran y disuaden al delincuente y ganan la confianza ciudadana; cuando el Gobernante busca que al Estado se le respete aunque al Gobierno se le ataque.

Cuando las instituciones estatales ceden el poder real y preservan solamente el formal o de apariencia, el vínculo como Nación que une a los ciudadanos empieza a disolverse, cada quien busca cómo defenderse y se esfuma la solidaridad.

La seguridad democrática busca el imperio de las instituciones; poder basado en la legitimidad o aceptación popular y por ende el único generador de confianza y unidad.

El imperio de las instituciones, apoyado en la seguridad democrática, restablece la confianza entre quienes piensan de manera diferente, estimula el debate fraterno, primero obtiene la seguridad y finalmente propicia la discusión reconciliada entre todos los ciudadanos.

Hemos ganado terreno en la seguridad. La paz definitiva necesita el diálogo. La seguridad es condición y fuente generadora del diálogo sincero que reconcilie a todos.

La política de seguridad es firme y libre de jactancia. La ausencia de jactancia mantiene abiertas las puertas del diálogo.

Un Estado con amplia participación de la comunidad, asegura que esta sea la beneficiaria y el juez de la tarea pública.

Con amor por la Patria continuaremos laborando día y noche, de cara a la comunidad, a fin de que las instituciones ganen credibilidad, que es el presupuesto fundamental para que lleguen las soluciones que el País demanda en todos los campos.

En cada nueva hora debemos proceder con el ánimo de quien empieza, porque cualquier difícil logro es apenas minúsculo para las necesidades de esta gran Nación.

Bogotá, 20 de julio de 2004”