Aplicación de los principios comunitarios y solidarios en la solución de los problemas más graves que afectan a la población colombiana

6.1. En la reactivación de la economía productiva y el empleo

La principal responsabilidad de un Estado Social de Derecho es garantizar la seguridad alimentaria y el suministro de los bienes básicos, vitales para la supervivencia de la población como el pleno empleo, la salud, la educación, la vivienda y los servicios de acueducto, alcantarillado, electricidad, gas y comunicaciones. Jamás se debe perder la soberanía o el control público y social sobre estos bienes; sin embargo, son los que primero ha entregado el Estado Neoliberal a los grandes capitales nacionales e internacionales.

Por eso, bajo los principios comunitarios y solidarios estos bienes deben volver al pleno control de la población y del Estado, a través de empresas mixtas de carácter comunitario o solidario.

La crisis del campo se debe de una parte a problemas estructurales como la tenencia de la tierra y el poco apoyo estatal al campesino, y en segundo lugar, a la entrega del mercado de productos agropecuarios a la desleal competencia internacional.

Así, en el campo del desarrollo económico y la generación de empleo es urgente recuperar el mercado interno de bienes alimentarios y de consumo básico para la producción local y nacional, como principal condición para la supervivencia de la población y para la generación de empleo. En este sentido el Movimiento Comunal y Comunitario está presentando una propuesta integral de reconstrucción de la economía nacional a partir de las regiones, propuesta que se está presentando a los Alcaldes y Gobernadores, la que incluye cinco estrategias fundamentales a saber:

- Centros de apoyo técnico, de empacado y de acopio para que los pequeños y medianos productores del campo y de la ciudad le den mejor manejo y presentación a sus productos, de tal manera que sean más competitivos en los mercados nacionales e internacionales. Estos centros serán administrados bajo los principios solidarios de la Ley 454 de 1998.

- Zonas de exclusiva comercialización de producción local y regional. Por cada trescientos mil habitantes se debe crear una zona de esta naturaleza, administrada bajo los principios solidarios. Pactos de comerciantes con los productores para distribuir prioritariamente la producción local.

- Cultura de consumo de la producción local a partir de los centros de comercialización. Campañas permanentes desde las instituciones, las organizaciones y los medios de comunicación para que se compre en estos sitios. Las organizaciones sociales y comunitarias cumplen papel fundamental promoviendo el desplazamiento masivo de los compradores a estos sitios.

- Creación de fondos financieros de fomento para apoyar con intereses bajos, no superiores al IPC, a los pequeños y medianos productores del campo y de la ciudad. Estos fondos se pueden crear por provincias o asociaciones de municipios.

- Definición de líneas de producción factibles de exportación, a las que se dará todo el apoyo técnico, comercial y financiero.

Para financiar estas estrategias se deben buscar recursos de cooperación internacional y con la emisión de dinero con destino al sector productivo a través de estos fondos. De ninguna manera este dinero debe salir a través del sector financiero especulativo, pues generaría inflación.

6.2. En la solución a los problemas de los servicios públicos y sociales
El Estado, guiado por los postulados neoliberales, ha generado la quiebra de la propiedad pública sobre las empresas de servicios públicos y sociales para justificar su venta al capital privado nacional e internacional.

A pocos años de estas privatizaciones, el capital privado, más que eficiencia, ha demostrado avaricia y gula desbordada, utilizando las tarifas sobre los servicios públicos y sociales como instrumento de saqueo a los usuarios.

La población no resistirá el desbordado incremento en los costos de estas tarifas. Por eso es inaplazable avanzar hacia la recuperación de la soberanía pública y ciudadana sobre estas empresas, las que deben ser de verdadero servicio, manejadas bajo los conceptos públicos, comunitarios y solidarios.

Transitoriamente, mientras se logran estos objetivos de fondo, serán necesarias acciones que mitiguen el impacto de las tarifas sobre los usuarios, como los topes en los precios de las tarifas y la real participación de los usuarios en su dirección, para lo cual seguiremos promoviendo los referendos constitucionales de iniciativa ciudadana.

6.3. En la actividad democrática
Lo comunitario y solidario es connatural con lo participativo, lo ético, lo público y lo participativo.
Colombia, más que reformas políticas para dar más privilegios a los Partidos tradicionales, lo que necesita son reformas democráticas que den plena gobernabilidad o control ciudadano sobre los gobernantes.

En este sentido se deben habilitar plenamente mecanismos constitucionales como el voto programático, entendido como la obligación de todo candidato a cargo de elección popular de elaborar con la comunidad su programa de gobierno de obligatorio cumplimiento. Igualmente se debe establecer la obligatoriedad para que los Planes de Desarrollo y los Presupuestos se elaboren concertadamente con las comunidades.

Es necesario modificar la Constitución Política de Colombia y la Ley 134 para facilitar la iniciativa ciudadana en los referendos y las consultas populares sin limitación alguna, de tal manera que los propios Planes de Desa-rrollo y los Presupuestos se puedan aprobar por medio de estos mecanismos, lo mismo que hacer más expedita la revocatoria del mandato a los gobernantes.

Los medios masivos de comunicación, en especial la televisión, deben ser considerados como servicios públicos del mayor interés local, regional y nacional para la recuperación de los valores históricos y culturales hacia la construcción de identidades, por lo que debe existir mucha participación comunitaria en sus emisiones y pleno derecho ciudadano para expresar de manera libre y responsable sus aspiraciones e inquietudes.

En síntesis, se debe entender que la diversidad es la mayor riqueza nacional, por lo que debemos actuar en el marco de un Estado realmente pluralista, tolerante, respetuoso y garante de las diferencias. En este sentido se debe garantizar el pleno derecho a la expresión política de todos los sectores económicos, sociales, regionales, culturales y étnicos.