DISPUTA POR SAN ANDRÉS: Nicaragua pone en duda la soberanía nacional sobre el archipiélago

Colombia mantuvo en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que la denuncia de Nicaragua por la frontera marítima entre ambos países es una ofensa para los ciudadanos colombianos.

El representante de Colombia, Julio Londoño Paredes, declaró en sus alegaciones finales que "el intento de Nicaragua de apropiarse del archipiélago de San Andrés y las áreas marítimas que le corresponden ha ofendido profundamente a 42 millones de colombianos".

Londoño advirtió de que, "si el intento de Nicaragua de reabrir una controversia ya resuelta y regida por un tratado tuviese éxito", se "abriría una caja de Pandora" porque entonces cualquier Estado que haya suscrito un acuerdo sobre fronteras "podría verse autorizado" para presentar una demanda "fabricada artificialmente".

El diplomático colombiano reiteró que su Gobierno solicita a la Corte que aplique el artículo 6 del Pacto de Bogotá (firmado en 1948), según el cual este tratado no puede aplicarse en casos en los que la cuestión en disputa ya ha sido zanjada en acuerdos anteriores.

Nicaragua, que elevó el caso a la CIJ en 2001, basó su denuncia en el artículo 31 del Pacto de Bogotá, en el que Bogotá y Managua reconocieron la competencia de la Corte en la resolución de conflictos relacionados con el derecho internacional o la interpretación del tratado.

Colombia, por su parte, argumenta que el Pacto de Bogotá también dice en su artículo 6 que no es de aplicación en temas que ya han sido solucionados en tratados anteriores.

Para Colombia, su frontera marítima con Nicaragua se estableció el tratado Esguerra-Barcenas de 1928-1930.

Por ello, volvió a pedir a la CIJ que se declare sin jurisdicción en la disputa presentada por Nicaragua sobre la frontera entre los dos países en el mar Caribe y que confirme que la controversia está "concluida".

Además de Londoño, también participaron los abogados Prosper Weil, Steve Schwebel y Arthur Watts, quienes refutaron los argumentos presentados ayer por Nicaragua, durante la primera ronda de intervenciones.

Weil se refirió al Pacto de Bogotá e insistió en que "ni la letra ni el objeto de ese pacto pueden conducir a la Corte a reabrir una controversia que fue resuelta hace 70 años".

Watts afirmó, por su parte, que Nicaragua utilizó argumentos "contradictorios e inconsistentes" y le acusó de tergiversar declaraciones de funcionarios del Gobierno colombiano y de distorsionar registros y documentos.

En concreto, se refería a supuestas negociaciones de Colombia y Nicaragua en 1977, 1995 y 2001 sobre la delimitación marítima entre los dos países y que Managua usó en la Corte para intentar demostrar que la controversia sobre la frontera en el mar con su vecino sigue vigente y no fue zanjada en 1930, como sostiene Bogotá.

Watts dijo que esas "reuniones" no pueden ser consideradas como negociaciones para "modificar una frontera común" y añadió que los encuentros entre representantes de ambos gobiernos no significan que el litigio no esté terminado, sino que las partes quizá estudien "reconsiderarlo".

Con información de EFE

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