La Corte llama a declarar a otros 5 congresistas por su relación con los "paras"

La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a otros cinco congresistas por sus presunta relación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

El presidente de la Sala Penal de la Corte, magistrado Alfredo Gómez Quintero, dijo que los congresistas citados a rendir indagatoria son Miguel de la Espriella, Juan Manuel López Cabrales, William Alfonso Montes, Reginaldo Montes y José de los Santos Negret.

Con ellos sube a catorce el número de parlamentarios vinculados formalmente al proceso penal que les sigue el Supremo por las relaciones que mantuvieron con la organización paramilitar y que se conoce localmente como el escándalo de la "parapolítica".

De ellos hay ocho detenidos en la cárcel de La Picota, de Bogotá, y uno, Jorge Luis Caballero, prófugo en España.

Los cinco llamados a rendir indagatoria son sospechosos del delito de concierto para delinquir agravado.

Los cinco parlamentarios, junto con otros políticos, funcionarios públicos y empresarios de la costa Caribe colombiana, suscribieron en el 2001 el Acuerdo de Ralito con la cúpula de las AUC, una organización señalada de terrorismo, en el que se comprometieron a "refundar el Estado" y a crear "una nueva Colombia".

Las indagatorias se llevarán a cabo a partir del 28 de marzo entrante, informó el magistrado Gómez Quintero.

Desde noviembre del año pasado se encuentran detenidos los congresistas Álvaro García Romero, Jairo Enrique Merlano y Erick Morris Taboada, y desde el pasado 15 de febrero también lo están Álvaro Araújo Castro, Dieb Nicolas Maloof Cuse, Mauricio Pimiento Barrera, Luis Eduardo Vives Lacouture y Alfonso Antonio Campo Escobar.

Ayer se informó que la Fiscalía colombiana llamará a declarar a 21 políticos y ex funcionarios regionales que firmaron dicho pacto, que también son investigados por sus presuntos vínculos con los paramilitares.

El acuerdo, de carácter confidencial, fue suscrito en Santa Fe de Ralito, una zona rural del departamento de Córdoba (noroeste), en la que luego, en el 2003, se celebraron las conversaciones de paz entre delegados del gobierno y las AUC, que desmovilizaron a más de 31.000 combatientes.

El acuerdo de Ralito fue suscrito en el 2001 por once congresistas, dos gobernadores de departamentos y cinco alcaldes municipales, además de los jefes de las AUC, algunos de los cuales están detenidos.

Con información de EFE


Noticias relacionadas: