Los ex jefes paramilitares tendrán vocería política

El presidente, Álvaro Uribe, anunció en Bogotá que su gobierno permitirá que los jefes desmovilizados de las AUC actúen como "portavoces políticos" de esa organización paramilitar desde la cárcel en la que están detenidos.

Pero esa tarea estará limitada a "defender el proceso de paz" del Ejecutivo con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aclaró Uribe, quien reconoció como tales a los ultraderechistas en respuesta a una carta que éstos le enviaron hace dos semanas.

En el mensaje, fechado el 14 de marzo y divulgado anoche por algunos medios periodísticos en la capital colombiana, catorce ex jefes presos le dijeron a Uribe que ya era hora de que ellos puedan dar el salto a la política electoral.

Según los desmovilizados, "aun tras este duro trance de pérdida de la libertad y dedicación a la defensa judicial, se nos sigue recordando desde donde alguna vez ostentamos el poder ilegal y armado, que seremos bienvenidos y apoyados en la lucha política desarmada y democrática".

En este sentido, los ex paramilitares pidieron a Uribe que analice el "componente que se relaciona directamente con la incorporación de los desmovilizados al libre juego de los movimientos y partidos políticos, con plenos derechos a debatir en lo público nuestras razones y lecturas del actual proceso".

El mensaje lo suscribieron Salvatore Mancuso, antiguo jefe máximo de las AUC; Iván Roberto Duque, responsable político de la organización, y otros doce ex jefes, todos ellos recluidos en la cárcel de seguridad de Itagüí, localidad cercana a Medellín.

En una entrevista con la radio bogotana "La FM", Uribe advirtió de que "mientras no haya sentencia (judicial) ese ejercicio lo pueden hacer desde Itagüí".

Una vez que las autoridades judiciales resuelvan los casos judiciales en los que comparecen, "ellos hacen política con las limitaciones de la Constitución", agregó Uribe, quien aludió a normas que les impiden a los condenados a prisión participar en comicios y aspirar a cargos de elección popular".

La autorización impartida por Uribe fue detallada por el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, como portavoz único del gobierno en el diálogo con las AUC, que a mediados de 2006 completó la desmovilización de los más de 31.000 miembros de ese grupo ultraderechista, después de tres años y medio de diálogo.

"No se trata de que ellos hagan política electoral desde la cárcel; se trata de que ellos contribuyan políticamente a la consolidación de este proceso", explicó Restrepo en declaraciones a la prensa.


El comisionado precisó que lo que el Ejecutivo les ha ofrecido a estos presos es que "desde la cárcel ellos puedan expresar sus puntos de vista y, por supuesto, el gobierno facilitará que lo hagan".

"No veo ninguna viabilidad en cuanto a una participación proselitista o electoral de ellos y, por supuesto, el gobierno no lo considera oportuno", continuó Restrepo, quien indicó que los ex jefes paramilitares le han insistido desde hace unos tres años en la posibilidad de que puedan concurrir a comicios.

Es "facilitarles un espacio de expresión", insistió el funcionario, y apuntó que "si ellos decidieran desde la cárcel intervenir en asuntos políticos, simplemente se estarían suicidando".

Para Restrepo, los ex jefes no pueden interferir en los comicios generales de octubre próximo porque, con ello, se exponen a la pérdida de los beneficios que les concede la "Ley de justicia y paz", promulgada para investigar y enjuiciar a los desmovilizados.

Algunos sectores políticos, sobre todo los opositores, temen que las AUC intervengan en las elecciones venideras, como lo hicieron en el pasado, incluso mediante la firma de pactos con congresistas y autoridades locales y regionales.

La revelación de estos acuerdos desató el llamado escándalo de la "parapolítica", por el que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó la detención de nueve congresistas, mientras que la Fiscalía General investiga a implicados sin fuero.

Con información de EFE


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