‘Jorge 40’ pidió ayuda para ubicar fosas comunes

El desmovilizado jefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias "Jorge 40", quien originó el escándalo de la llamada "parapolítica" por nexos de políticos con la ultraderecha armada, criticó el proceso de desmovilización y el marco legal de la misma, la ley de Justicia y Paz.

"Jorge 40", que rindió su llamada versión libre, además, condicionó la entrega de información sobre fosas comunes a que lo reubiquen con todos los presos políticos de su facción, el Bloque Norte, asociado de las AUC.

Solo así, dijo a una fiscal de la Unidad de Justicia y Paz en Barranquilla, norte del país, se podrán ubicar los lugares exactos donde se encuentran enterrados cuerpos de personas que pudieron ser sepultadas por sus hombres tras combates.

"Jorge 40" pidió también a la Fiscalía ayuda para recuperar los 65 cuerpos de combatientes del Bloque Norte y "para que reciban cristiana sepultura" y que quedaron en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Precisó que los paramilitares murieron en choques armados con el frente 59 de las FARC y con grupos del Ejército de Liberación Nacional (ELN) desde 2003.

Según Tovar, él no puede responsabilizarse "a las carreras" de los crímenes selectivos y matanzas que se le imputan.

Para "Jorge 40", por otra parte, la desmovilización del Bloque Norte "fue irresponsabilidad de todas las partes" comprometidas en el proceso.

Fue "una desmovilización a la carrera", dijo y señaló que 24 horas antes de ir al escenario de la entrega, todavía había gente en las montañas.

Los nombres de reconocidos políticos, congresistas y funcionarios, con los que tenía nexos y que estaban consignados en su computador personal e incautado por las autoridades, dio origen al escándalo de la "parapolítica", por el que 14 parlamentarios, algunos ex legisladores y ex funcionarios están presos.

"Jorge 40" se desmovilizó el 11 de marzo de 2006 junto con 4.759 personas, entre las que se encontraban 523 mujeres, que entregaron entonces 1.087 armas.

Contra "Jorge 40" hay 70 investigaciones que lo vinculan con al menos 300 asesinatos, y está acusado de ser el presunto inductor de cientos de secuestros y matanzas de campesinos e indígenas en la costa caribeña, área de influencia del Bloque Norte de las AUC.

Con información de EFE

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