Entra en funcionamiento unidad de transparencia electoral

El Gobierno puso en funcionamiento la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) tras las recientes denuncias de compra de votos y otros delitos que amenazan los comicios parlamentarios de marzo.

El ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, confirmó que a partir de este lunes entró en funcionamiento la Uriel con el propósito de atender en forma oportuna las denuncias que se formulen de conductas punibles que afecten las elecciones.

"Los ciudadanos pueden acudir a la Uriel para formular sus denuncias sobre irregularidades, anomalías o injerencias que se presenten en el proceso electoral, como consecuencia de la intervención de grupos armados u organizaciones delincuenciales que intenten presionar a la ciudadanía para que elija o deje de elegir a cualquier candidato", dijo el funcionario.

Esa unidad está integrada también por funcionarios de la Fiscalía, la Contraloría, el Departamento Administrativo de Seguridad, la Procuraduría, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Policía y las Fuerzas Militares, entre otros despachos.

El Partido Liberal y la ONG Misión de Observación Electoral (MOE) le pidieron este lunes a la Procuraduría actuar de inmediato para investigar y sancionar los casos de corrupción denunciados.

"La intervención de gobernadores o alcaldes favoreciendo determinada lista debería ser investigada por la Procuraduría y esperamos que los resultados de dichas investigaciones exhaustivas sean antes de las elecciones y no posterior", dijo la directora ejecutiva de la MOE, Alejandra Barrios.

Entre tanto, el candidato presidencial del Partido Liberal, Rafael Pardo, indicó que ha recibido varias denuncias sobre la participación de algunos gobernadores en política, lo cual está prohibido por las leyes electorales.

"Me hicieron varios comentarios sobre la actuación de la Gobernación del Valle del Cauca en promover candidaturas de un partido que se llama ADN (oficialista), lo mismo que le he pedido al Procurador que investigue si Acción Social está haciendo convenios para favorecer a contratistas amigos de congresistas 'uribistas'", dijo.

La compra de votos, el voto amarrado o cautivo y otros delitos amenazan los comicios parlamentarios de marzo próximo en las regiones de Colombia, denunció el fin de semana la organización no gubernamental MOE.

"En las regiones se están consiguiendo votos a través del caciquismo (las jefaturas políticas tradicionales), de los jefes políticos locales, de la compra de votos, del voto amarrado", advirtió.

La portavoz de la MOE consideró que esta realidad se deriva de la confusión que reina en el país por efecto de la incertidumbre sobre si el presidente Álvaro Uribe podrá ser candidato a una segunda reelección consecutiva en los comicios de mayo.

Uribe, sólo podrá buscar un tercer mandato si la Corte Constitucional considera legal la ley de referendo aprobada por el Congreso y si los colombianos votan a favor de la eventual aspiración del gobernante.

En las elecciones del 14 de marzo próximo, los más de 29 millones de colombianos habilitados para ir a las urnas podrán designar a los 268 miembros del Senado y la Cámara de Representantes, y, por primera vez, a los cinco representantes del país en el Parlamento Andino.





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