De la Espriella ordena auditoría nacional a cámaras de fotomultas y sus cobros
El Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó revisar las cámaras de fotomultas en Colombia para verificar su legalidad, funcionamiento y posibles esquemas de recaudo.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella ordenó revisar las cámaras de fotomultas en Colombia para verificar su legalidad, funcionamiento y posibles esquemas de recaudo.
Las fotomultas volvieron a convertirse en tema de debate nacional luego de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara una revisión integral de los sistemas de fotodetección instalados en diferentes regiones del país. La instrucción busca determinar si estos mecanismos están cumpliendo su función de prevenir accidentes y proteger vidas o si, por el contrario, algunos de ellos operan bajo esquemas orientados principalmente al recaudo económico.
La decisión fue anunciada a través de un pronunciamiento oficial divulgado por el mandatario en su cuenta de X, donde solicitó a la ministra de Transporte, Elsa Noguera, adelantar una evaluación detallada sobre la legalidad, ubicación y funcionamiento de las cámaras de fotomultas en Colombia.
Gobierno pone la lupa sobre las cámaras de fotodetección
En su mensaje, el jefe de Estado sostuvo que los sistemas tecnológicos destinados al control del tránsito deben estar al servicio de la seguridad vial y no convertirse en una carga injustificada para los ciudadanos.
La directriz presidencial parte de una preocupación que durante años ha generado controversia entre conductores y autoridades: la percepción de que algunas cámaras estarían siendo utilizadas más como herramientas de recaudo que como instrumentos para prevenir siniestros en las vías.
Por esa razón, el Gobierno anunció una revisión que permitirá establecer si existen irregularidades en la instalación, operación o administración de estos dispositivos.
Los aspectos que serán revisados
De acuerdo con las orientaciones dadas por el Ejecutivo, la inspección contemplará varios frentes de análisis.
Entre ellos se encuentran:
- Verificación de la legalidad de los puntos de instalación de las cámaras.
- Revisión de los esquemas operativos utilizados por las entidades responsables.
- Investigación sobre posibles irregularidades en la imposición de comparendos.
- Evaluación de los procesos de cobro de las sanciones.
- Análisis de los mecanismos de notificación a los ciudadanos.
- Identificación de sistemas que eventualmente estén orientados a fines recaudatorios.
El Gobierno ha señalado que cualquier esquema que se aparte del objetivo de proteger la vida y reducir los accidentes deberá ser intervenido.
La advertencia del presidente
La instrucción presidencial también incluye un mensaje dirigido a las autoridades encargadas de administrar estos sistemas.
Según el Gobierno, el Estado tiene la obligación de garantizar procedimientos transparentes y proteger a los ciudadanos frente a posibles cobros indebidos o fallas administrativas.
La revisión busca además establecer parámetros claros en la relación entre los organismos de tránsito y los conductores, fortaleciendo la confianza en los mecanismos tecnológicos utilizados para el control vial.
¿Qué son las fotomultas y cómo funcionan?
Las fotomultas son sistemas de detección electrónica que utilizan cámaras, radares y sensores para registrar posibles infracciones de tránsito.
Aunque la captura de la evidencia es automática, el procedimiento contempla una validación posterior antes de que se imponga formalmente una sanción.
Infracciones que suelen detectar
- Exceso de velocidad.
- Cruce de semáforos en rojo.
- Falta de SOAT vigente.
- Ausencia de revisión técnico-mecánica.
- Circulación en zonas u horarios restringidos, como el pico y placa.
Etapas del proceso
- Captura: el sistema registra automáticamente la presunta infracción.
- Validación: un agente revisa la evidencia y determina si procede el comparendo.
- Notificación: la información es enviada al propietario registrado del vehículo.
Un debate que vuelve a tomar fuerza
La discusión sobre las cámaras de fotomultas en Colombia ha estado presente durante varios años debido a cuestionamientos relacionados con la ubicación de algunos dispositivos, los procedimientos de notificación y el impacto económico de las sanciones sobre los conductores.
Con la revisión ordenada por el presidente De la Espriella, el Gobierno busca determinar si todos los sistemas actualmente operativos cumplen los requisitos legales y si realmente contribuyen a mejorar la seguridad vial.
La evaluación anunciada por la Casa de Nariño podría derivar en ajustes, intervenciones o nuevas medidas regulatorias sobre uno de los mecanismos de control de tránsito que más controversias ha generado entre los colombianos.