Pulso entre Gobierno y expertos por giro masivo de ahorros a Colpensiones

La polémica pensional regresó al centro de la agenda nacional tras el anuncio de un borrador de decreto que propone mover más de $25 billones desde fondos privados hacia Colpensiones. La propuesta provocó reacciones de manera inmediata en el sector jurídico y financiero, que alertan posibles problemas con la legislación vigente.

El Gobierno Petro contestó directamente a esos cuestionamientos y apoyó la legalidad del proyecto. Su razonamiento parte de un punto clave: aunque el Congreso aceptó la reforma pensional, su aplicación está suspendida mientras la Corte Constitucional revisa varias demandas. En consecuencia, sostiene que el nuevo esquema aún no rige y que continúan en curso las normas de la Ley 100 de 1993.

Desde esa explicación, el mandatario informa que los trabajadores que ya se pensionan en el régimen público y cuentan con ahorros reunidos en fondos privados tienen derecho a solicitar que esos recursos sean empleados para financiar su mesada en Colpensiones. A su juicio, el decreto simplemente reglamentaría ese procedimiento.

La polémica gira en torno al artículo 76 de la Ley 2381, que creó una “ventana de oportunidad” para que afiliados que estén cerca a la edad de jubilación pudieran modificar de régimen. Según algunos expertos, esa disposición permitió el traslado jurídico, pero determinó que el dinero debía seguir administrado por el fondo privado hasta que se fortaleciera plenamente la pensión. El Gobierno, en cambio, explica que la suspensión de la reforma deja sin efecto esa restricción.

Más de 118.000 afiliados que provienen de administradores como Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia ya realizaron el cambio de régimen desde 2024. El monto acumulado de sus cuentas individuales es el que estaría en peligro si el decreto se expide en los términos planteados.

En su declaración, el Gobierno Petro también reiteró en que la reforma buscaba corregir desequilibrios estructurales, disminuir el déficit fiscal y consolidar la cobertura pensional mediante un sistema de pilares inspirado, según ha dicho en modelos europeos. Además, repitió sus críticas al manejo financiero de algunos fondos privados y a la crisis de varias EPS, señalando que el Congreso frenó la reforma a la salud mientras avanzaba la pensional.

El esfuerzo ahora se traslada al terreno constitucional. La decisión que tome la Corte no solo definirá que pasará con la reforma, sino también el alcance de las facultades del Ejecutivo para participar en el flujo de recursos pensionales. Entre tanto, el debate mantiene en la cuerda floja a miles de afiliados que miran cómo su ahorro se convierte en el eje de una disputa jurídica y política de alto impacto.