Procuraduría indaga contratación directa para exclusión de Petro de lista Clinton

La polémica alrededor del presidente Gustavo Petro volvió a aumentar este lunes 23 de febrero de 2026, luego de que el mandatario justificara de manera pública la contratación de un bufete internacional para revisar su salida de la denominada Lista Clinton, impuesta por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac).

El presidente Petro por medio de su cuenta en la red social X, aseguró que tiene “el derecho de defenderme como servidor público”, en respuesta a los señalamientos ocasionados por el uso de recursos públicos para asumir esa defensa. El comunicado se produjo tras la publicación de un informe del diario El Colombiano, que informó detalles del contrato suscrito con la firma Amadeus Consultancy Limited.

Según la información revelada, el acuerdo asciende a 10.000 millones de pesos y fue adjudicado de manera directa, sin un proceso licitatorio abierto. El contrato tendría como objetivo principal lograr la salida del Presidente Petro de la sanción que le fue impuesta el 24 de octubre de 2025 por parte de la autoridad estadounidense.

El abogado Daniel Kovalik, titular de la firma contratada, tomará la representación bajo un esquema que contempla honorarios fijos, consultoría estratégica y pagos adicionales por éxito. El hecho de que los desembolsos se acordaran en libras esterlinas también provocó inquietudes sobre el seguimiento de los recursos.

Uno de los factores que más ha aumentado el debate es la forma de que el contrato fuera gestionado directamente desde la Presidencia y no por medio de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entidad encargada de representar institucionalmente a la Nación en litigios internacionales. Para críticos del Gobierno, esto podría ser un eventual conflicto de intereses.

La polémica ya llegó a instancias disciplinarias. La Procuraduría General de la Nación inició una investigación preliminar para aclarar si hubo posible detrimento patrimonial o vulneración de las normas de contratación pública. Las denuncias fueron propuestas por el abogado Germán Ricaurte y la representante a la Cámara Katherine Miranda.

Mientras el presidente se mantiene en su posición, comentando que actúa dentro del marco de sus funciones y que la defensa responde a problemas relacionados con su investidura, sectores opositores insisten en que se trata de un tema netamente personal que no debería utilizar los fondos del Estado.

El caso sigue provocando reacciones de muy poco agrado y promete sostenerse en el centro del debate político en los próximos días, en medio de cuestionamientos sobre transparencia, legalidad y el alcance del fuero presidencial.