El Salvador: Nayib Bukele ordena nuevamente la cuota diaria mínima de arrestos

Bajo un manto de secreto y silencio, la orden de incrementar las capturas diarias provino de los altos mandos de la Policía Nacional Civil de El Salvador, coincidiendo con al menos un homicidio en el Centro Penal La Esperanza, una de las mayores prisiones del país.

Esta no es la primera vez que el gobierno de Nayib Bukele establece cuotas obligatorias de arrestos. En junio de 2022, poco después de la instauración de un régimen de excepción que restringió los derechos constitucionales, la Policía ya había impuesto obligaciones de capturas a diferentes delegaciones y subdelegaciones. Estas exigencias condujeron inevitablemente a abusos masivos, según denuncias de organizaciones de derechos humanos locales y relatores de las Naciones Unidas.

El régimen de excepción, decretado en marzo de 2022 tras un violento fin de semana provocado por las pandillas MS13 y Barrio 18, ha perdurado 22 meses. Esta medida limitó derechos fundamentales como el debido proceso, la defensa, la libre expresión y la libre asociación.

Informes de Human Rights Watch, hasta mayo de 2023, documentan detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y maltratos en prisión. Socorro Jurídico Humanitario cifra en 216 las muertes en cárceles salvadoreñas hasta finales de 2023, la mayoría de ellas de personas no condenadas por pertenencia a pandillas.

El gobierno ha afirmado que durante el régimen de excepción, alrededor de 80,000 salvadoreños fueron encarcelados, presentándolos mayormente como pandilleros o colaboradores. No obstante, admiten que al menos mil personas fueron liberadas después de meses en prisión por no tener vínculos con organizaciones criminales.

La seguridad pública se ha convertido en el principal argumento político de Bukele, especialmente de cara a las elecciones presidenciales programadas para el 4 de febrero. A pesar de la prohibición constitucional de la reelección, el presidente se postuló nuevamente, respaldado por una interpretación favorable de magistrados nombrados por él mismo. Encuestas revelan que Bukele cuenta con un amplio respaldo, superando a los candidatos de partidos tradicionales.

La percepción pública, recopilación de testimonios y cifras oficiales indican una disminución de la actividad de las pandillas, antes responsables de gran parte de los homicidios. Sin embargo, la opacidad gubernamental respecto a información crucial, como estadísticas de violencia y datos de arrestos, dificulta una evaluación precisa.

Bajo la reserva de información por siete años, se suman incertidumbres sobre la veracidad de capturas, antecedentes de detenidos y la cantidad de muertes en cárceles. En medio de este régimen de excepción, que constituye casi la mitad de su primer mandato, Bukele se presenta a las elecciones, dejando en el aire si mantendrá estas medidas extraordinarias en un segundo periodo.