Salvatore Mancuso hablaría de Álvaro Uribe e Iván Cepeda si lo incluyen en la JEP

El exlíder paramilitar Salvatore Mancuso podría hacer parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que se creó tras el Acuerdo de Paz entre la exguerrilla de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, en 2016.

Según informó El Espectador, Mancuso, quien desde abril de 2018 presentó su solicitud oficial de ser parte de la JEP, ya pasó un primer borrador a esta jurisdicción en la que presenta sus primeras versiones en relación con algunos actos ilegales en los que participó, especialmente en los departamentos de Córdoba y Antioquia.

Entre las historias preliminares, el comandante del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia destaca su participación en la toma de El Tres y Currulao, ubicados en el municipio de Turbao, en los que murieron decenas de personas.

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"Voy a hablar"

Ahora bien, lo que más ha quedado en el radar de los colombianos frente a esta noticia, es la "amenaza" que lanzó Mancuso hacia varias personalidades de la política colombiana, con Álvaro Uribe e Iván Cepeda como protagonistas.

"(Mancuso) hace hincapié en aquellas investigaciones que en su mayoría han terminado con sentencias absolutorias y señala como responsables o partícipes a las siguientes personas: Santiago Uribe Vélez, Álvaro Uribe Vélez, Piedad Córdoba, Iván Cepeda, "el doctor Lara" y la familia de Alfonso López", señala el documento.

Cabe recordar que Salvatore Mancuso podría ingresar de lleno a la JEP para ser escuchado solo como un tercero del conflicto armado. Esta determinación se da debido a la intervención de Mancuso en "acciones de promoción, financiación y auspicio o colaboración con grupos paramilitares, y posteriormente derivó en una adscripción completa a la estructura, convirtiéndose en miembro por tener una función continua de combate".

Mancuso estaría regresando a Colombia el próximo mes de marzo, cuando termine de pagar su condena en Estados Unidos, donde fue juzgado en 2015 a una pena de 15 años y 10 meses, mismos que se redujeron a 4 años, teniendo en cuenta el tiempo que ya había pasado en prisión antes del juicio final.

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