Arriendos en 2026: así sería el aumento que dependerá del IPC confirmado por el Dane

En diciembre millones de colombianos disfrutan de las fiestas de fin de año, pero también comienzan a hacer cuentas para 2026, especialmente sobre cuánto podrían subir los gastos de alimentación y vivienda. Entre esos cálculos, uno de los más importantes es el de los arriendos, cuyo ajuste depende exclusivamente del comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Hacia el cierre de 2025, este indicador será la clave para definir el incremento permitido en los contratos de arrendamiento de vivienda urbana. Según el más reciente reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el IPC anual a noviembre se ubicó en 5,3%, una cifra preliminar que sirve como referencia mientras el Banco de la República anticipa una moderación frente a los niveles altos de inflación de los últimos años.

¿Qué dice exactamente la Ley 820 de 2003?

La normativa que regula los contratos de arrendamiento de vivienda urbana establece que el ajuste permitido no puede superar el incremento que haya tenido el IPC en el año inmediatamente anterior. Esto significa que los propietarios solo podrán aumentar el canon hasta el porcentaje de ese indicador, evitando que el reajuste se base en el salario mínimo, algo expresamente prohibido para prevenir presiones adicionales sobre la inflación.

Además, la ley exige que el aumento solo pueda aplicarse cuando se cumplan 12 meses desde el último ajuste. Es decir, el precio del arriendo no puede subirse antes de ese plazo, incluso si el contrato se firmó a mitad de año. Si llega el momento de aplicar el incremento, el arrendador debe notificarlo formalmente al inquilino mediante los mecanismos pactados en el contrato o a través de un correo autorizado. Y un detalle importante: si el arrendatario paga un canon incrementado sin haber recibido notificación formal, eso no le da derecho a solicitar la devolución del dinero.

¿Cómo se calcula el aumento para 2026?

El cálculo es sencillo: se toma el valor actual del arriendo y se le suma el porcentaje del IPC anual. Por ejemplo, si un canon mensual cuesta $1.200.000 y el IPC de referencia es 5,3%, el aumento máximo permitido lo dejaría en $1.263.600 al iniciar su nuevo periodo contractual.

Otro punto clave es que esta fórmula aplica únicamente para viviendas urbanas. En el caso de bodegas, consultorios, oficinas o inmuebles destinados a actividades comerciales, la actualización del valor no sigue la regla del IPC. Allí el reajuste depende del acuerdo entre las partes o de lo que ya esté consignado en el contrato.
Un detalle que muchos olvidan

El incremento no se aplica automáticamente en enero. Cada contrato tiene su propia fecha de renovación, y solo en ese momento se podrá ajustar el canon, siempre y cuando haya pasado un año desde el último aumento y la notificación se haga con la antelación requerida.