Así aplicará el decreto que prohíbe el consumo de drogas en espacios públicos de Barranquilla

La Policía Metropolitana de Barranquilla ha comenzado la socialización del decreto emitido por la Alcaldía de Barranquilla, el cual prohíbe el porte, consumo, distribución y comercialización de sustancias psicoactivas, incluida la dosis personal. Además, se prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas y embriagantes en zonas y espacios públicos, así como en lugares cercanos a instituciones educativas y áreas destinadas al esparcimiento infantil.

El decreto, expedido con el objetivo de mantener el orden público y garantizar la seguridad ciudadana, afecta a toda la jurisdicción de la ciudad. La medida, que se ejecuta a través del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y otras especialidades policiales, busca velar por los derechos de los menores y garantizar la aplicabilidad de la normativa con todas las garantías.

La comunicación del acto administrativo se realiza de manera progresiva, permitiendo que el personal uniformado adquiera el conocimiento necesario para la aplicación efectiva de la norma, según lo estipulado en el Código Nacional de Convivencia Ciudadana.

La prohibición se extiende a lugares abiertos al público, especialmente aquellos situados dentro del área de instituciones educativas públicas y privadas, como jardines infantiles, escuelas, colegios e instituciones de educación superior. También incluye plazas, parques y malecones, así como un perímetro circundante de 100 metros.

En el caso del Gran Malecón, la Alcaldía señala la necesidad de delimitar y señalar los espacios para la prohibición de consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas. Se exceptúan aquellos establecimientos que cuenten con un contrato con el administrador Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe S.A.S.

La Policía Metropolitana llevará a cabo actividades de control del delito de manera periódica en los lugares afectados por el decreto y que suelen ser frecuentados por niños, niñas y adolescentes. El objetivo es identificar y sancionar las prácticas prohibidas, dando lugar a la imposición de medidas correctivas contempladas en la Ley 1801 de 2016.

Las sanciones por actuar en contra de la sana convivencia pueden variar desde la destrucción de bienes hasta la participación en programas comunitarios o actividades pedagógicas de convivencia. Además, se contempla la remisión a los Centros de Atención en Drogadicción (CAD) y Servicios de Farmacodependencia establecidos por la Ley 1566 de 2012. Las multas pueden llegar hasta los 32 salarios mínimos legales diarios vigentes. La Alcaldía busca con estas medidas garantizar la seguridad y el bienestar de la comunidad, especialmente de los sectores más vulnerables.