Los bloqueos no serán protesta pacifica de acuerdo con ley que modificó el Gobierno

En la tarde del viernes, el Gobierno Nacional anunció que un decreto presidencial fue modificado con el ánimo de limitar la definición de protesta pacífica y aclarar que los bloqueos de vías temporales o permanentes no representan una forma de manifestación.

El decreto que sufrirá de modificaciones será el 003 de 2021 y de acuerdo con Daniel Palacios, ministro del Interior, se ampliará en este la definición de manifestación pacífica.

Con esta modificación del decreto presidencial cobra vigencia nuevamente el controvertido “uso legítimo de la fuerza”, con interpretaciones de quien lo ejerce, y desde luego, de quien lo recibe.

“No constituyen manifestación pacífica aquellas que promuevan el empleo de medios para obstaculizar temporal o permanente vías o infraestructura, (…) así como las que se convocan con fines legítimos, violencia, estigmatización”, aclaró el ministro del anteriormente conocido Ministerio de Gobierno, convertido en Ministerio del Interior desde 2011 en administración de Juan Manuel Santos Calderón.

En las primeras semanas del paro nacional iniciado el 28 de abril y que lleva ya 51 jornadas, los enfrentamientos violentos fueron la constante y las denuncias por uso excesivo y brutal de la fuerza por parte de la Policía y de su cuerpo especializado, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, fueron replicadas y documentadas por ciudadanos a través de las redes sociales y recibidas con preocupación por la comunidad internacional. 

Los bloqueos se hicieron presentes en todo el territorio nacional y han generado polémicas y enfrentamientos entre quienes ejercen la protesta y las autoridades, pues mientras los primeros consideran que estas acciones y medidas hacen parte de la legítima protesta, los segundos los condenan y tildan como ilegítimos y violentos, además de constituirse en el principal protagonista de la afectación a la economía por el desabastecimiento de alimentos.

El ministro recalcó que se “reitera el uso legítimo de la fuerza bajo principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y diferenciación para neutralizar daños graves, ciertos y verificables que afecten el orden público y la convivencia poniendo en riesgo la vida y la integridad de las personas, así como de los bienes públicos y privados”.