Consejo de Estado admite demanda que busca anular la elección de los 18 representantes a la Cámara por Bogotá

El Consejo de Estado admitió una demanda que busca anular la elección de los 18 representantes a la Cámara por Bogotá para el periodo 2026-2030.

Por: Alexandra Méndez • Colombia.com
Cámara por Bogotá: Consejo de Estado admite demanda electoral. Foto: Cámara de Representantes
Cámara por Bogotá: Consejo de Estado admite demanda electoral. Foto: Cámara de Representantes

El Consejo de Estado admitió una demanda que busca anular la elección de los 18 representantes a la Cámara por Bogotá para el periodo 2026-2030.

En las últimas horas, el Consejo de Estado admitió para estudio una demanda que busca anular la elección de los 18 representantes a la Cámara por Bogotá para el periodo 2026-2030. La acción fue presentada por el activista político Josías Fiesco Agudelo, quien cuestionó duramente el resultado de las elecciones del pasado 8 de marzo y señala presuntas irregularidades en el proceso de escrutinio.

¿Qué cuestiona la demanda contra la elección de la Cámara por Bogotá?

La acción judicial pide declarar la nulidad del acto que avaló la elección de los representantes a la Cámara por Bogotá. El argumento central está relacionado con presuntas inconsistencias entre los resultados consignados en diferentes formularios utilizados durante el proceso electoral.

De acuerdo con la demanda, existirían diferencias entre la información registrada en los formularios E-14, diligenciados por los jurados de votación, y los resultados posteriormente consolidados en los formularios E-24 y E-26 CAM. Según Fiesco Agudelo, dichas diferencias afectarían la validez de los resultados.

La Registraduría explicó que los formularios E-14 hacen parte de los documentos electorales que pueden ser consultados dentro del sistema oficial de resultados y escrutinios de las elecciones de Congreso de 2026. La entidad habilitó la consulta de las actas correspondientes a los comicios del 8 de marzo.

Josías Fiesco, quien aspiraba a la Cámara por Bogotá, quedó por fuera de las curules después del escrutinio definitivo. Durante el preconteo había figurado entre los candidatos que obtenían una curul, pero el resultado cambió después de la revisión de los votos.

¿Qué representantes a la Cámara están incluidos?

La demanda solicita anular la elección de los 18 representantes a la Cámara por Bogotá que fueron elegidos para el periodo constitucional 2026-2030. Los nombres incluidos en la acción judicial son:

  • Bleydi del Carmen Pérez Ballesteros.
  • Catherine Juvinao Clavijo.
  • Mauricio Andrés Toro Orjuela.
  • Daniel Felipe Briceño Montes.
  • José Jaime Uscátegui Pastrana.
  • David Gerardo Cote Rodríguez.
  • Nelly Patricia Mosquera Murcia.
  • Jesús Salim Lorduy Martínez.
  • Luz Marina Gordillo Salinas.
  • Carol Stefanny Borda Acevedo.
  • María Fernanda Carrascal Rojas.
  • Laura Daniela Beltrán Palomares.
  • María del Mar Pizarro García.
  • Daniel Mauricio Monroy Hernández.
  • Heráclito Ladinez Suárez.
  • Claudia Teresa Romero Nader.
  • Jairo León Vargas.
  • Gabriel Becerra Yánez.

¿Qué dijo el Consejo de Estado al admitir la demanda?

El magistrado Omar Joaquín Barreto consideró que la demanda cumplía varios de los requisitos formales necesarios para darle trámite. Por esta razón, fueron vinculadas al proceso diferentes entidades y personas relacionadas con la elección, incluido el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los representantes electos.

Uno de los puntos centrales de la demanda está relacionado con los resultados obtenidos por Josías Fiesco y Luz Marina Gordillo, ambos candidatos del Centro Democrático a la Cámara por Bogotá. Según el escrito judicial citado por Semana, Fiesco sostiene que habría existido una reducción de su votación y una adición de votos a Gordillo en determinados formularios E-24.

¿Qué pasa ahora con las 18 curules?

Por ahora, los 18 representantes mantendrán sus curules hasta que las autoridades hagan la investigación pertinente. Los involucrados podrán presentar sus argumentos ante el Consejo de Estado antes de que se adopte una decisión de fondo.