Campesinos bajo control: denuncian carnetización ilegal para vigilar su voto

Una denuncia encendió las alertas en varias regiones del país, comunidades campesinas estarían siendo sometidas a un sistema ilegal de control impuesto por grupos armados, que incluye la entrega obligatoria de carnés para poder movilizarse, trabajar e incluso permanecer en sus territorios.

Según información entregada por autoridades, esta práctica se estaría registrando en departamentos como Meta, Guaviare y Caquetá, donde estructuras disidentes de las Farc tendrían influencia. Allí, los campesinos estarían siendo obligados a pagar entre $100.000 y $250.000 por un documento que, en la práctica, funciona como un permiso para circular sin represalias.

El general Erik Rodríguez confirmó que existen evidencias de este tipo de actividades en zonas rurales. De acuerdo con el oficial, la llamada “carnetización” estaría siendo utilizada como una herramienta para ejercer control directo sobre la población civil.

Pero la preocupación no termina ahí. Autoridades locales, como la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, advirtieron que este mecanismo podría estar siendo utilizado también como una forma de presión en medio del escenario electoral, afectando la libertad de decisión de los ciudadanos.

La polémica aumentó tras la difusión de un audio en el que un hombre, cuya identidad aún genera versiones encontradas, habla de ejercer presión sobre comunidades campesinas en el contexto político. Aunque inicialmente se señaló a un integrante de grupos armados, el Gobierno indicó posteriormente que se trataría de otra persona privada de la libertad, lo que abrió un debate sobre el origen real de la grabación.

El periodista Melquisedec Torres cuestionó esa versión y aseguró que los audios habrían circulado directamente entre líderes campesinos, lo que pondría en duda la hipótesis oficial.

En paralelo, varias figuras políticas han advertido sobre posibles casos de presión en distintas regiones. La senadora Paloma Valencia y la exalcaldesa Claudia López han señalado que existen denuncias de comunidades que temen represalias por su voto.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez también aseguró haber recibido reportes sobre presuntas presiones en zonas rurales, aunque hasta ahora varias de estas denuncias no han sido formalizadas ante las autoridades judiciales.

Desde el otro lado, el senador Iván Cepeda rechazó los señalamientos y aseguró que no se puede afirmar que una elección esté determinada por la presión de grupos armados, calificando esas versiones como distorsiones de la realidad.

Mientras las versiones continúan enfrentadas, en los territorios la preocupación crece. Más allá de la discusión política, lo que queda en evidencia es una situación de vulnerabilidad para miles de campesinos que, en medio de la falta de presencia estatal, estarían enfrentando restricciones ilegales sobre su movilidad, su seguridad y su derecho a decidir libremente en las urnas.