Centros Poblados demandará por enorme cifra al Estado colombiano

Mientras el país se encuentra a la expectativa por saber cuál será el desenlace del escándalo del contrato firmado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MinTic, en cabeza de Karen Abudinen y el consorcio Unión Temporal Centros Poblados, esta empresa hizo una rueda de prensa en la que aseguró que no devolverá los 70 mil millones de pesos que le fueron entregados como adelanto del contrato para llevar conectividad a 7.000 puntos en el país, porque los tiene invertidos en equipos.

Una vez se conoció el escándalo, el ministerio caducó el contrato que tenía con el consorcio, entonces la empresa en una conferencia ante los medios anunció el avance de la obra, se refirió sin dar mayores detalles de la presunta póliza falsa que presentó y, además, declaró que está ajustando detalles para realizar una demanda al Estado y buscar una indemnización.

La controversia frente a este asunto sigue bastante candente, pues la Unión Temporal Centros Poblados interpuso una acción de Tutela ante el Juzgado Civil de Barranquilla para que se levante la declaratoria de caducidad del contrato que el MinTic decidió, y si está no resulta, la declaratoria de caducidad establece la terminación de los contratos en ejecución y además no permite la celebración de otros durante 5 años; por tal motivo están en derecho a demandar la utilidad que recibirían en caso de haber podido terminar el contrato.

El abogado de la Unión Temporal Centros Poblados, Jorge Pino Ricci, no aclaró el monto por el que se demandaría a la nación, pero por el monto original del contrato, que era de 1,7 billones de pesos, se especial con que será una cifra enorme.

El abogado Pino Ricci anotó también que “Los integrantes de la Unión Temporal tienen contratos por 8 billones de pesos con el Estado, no pueden demandar por ese monto, pero sí por la utilidad que hubieran recibido si hubieran ejecutado esos contratos. Entonces presentaremos una demanda de nulidad y una indemnización por perjuicios”.

En cuanto a la presentación de una póliza falsa del Banco Itaú por parte del consorcio ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el abogado se limitó a decir que solo un juez de la República será el encargado de establecer o no la falsedad del documento.

El caso parece que, en lugar de tener solución, apenas comienza, mientras tanto el presidente de la República defiende la actuación de la ministra Abudinen y esta afirma que solo dimitirá si el mandatario se lo solicita.