Chats, audios y consignaciones: las evidencias que salpican a Juliana y Verónica Guerrero

Las pruebas conocidas en las últimas horas sobre la presunta red de influencias que investiga la Revista Semana pusieron bajo la lupa a Juliana Guerrero y a su hermana, Verónica Guerrero. El expediente divulgado por el medio reúne testimonios, conversaciones de WhatsApp, audios, tiquetes aéreos, comprobantes de consignaciones y otros documentos que, según la publicación, evidenciarían un esquema mediante el cual se cobraban millonarias sumas de dinero a empresarios a cambio de supuestas gestiones para facilitar contratos con entidades del Gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con la investigación, los hechos se habrían desarrollado entre el segundo semestre de 2024 y marzo de 2025, periodo durante el cual las dos hermanas habrían ofrecido acceso a funcionarios y altos cargos de diferentes ministerios. La revista sostiene que el esquema involucraba también a David Trespalacios, un joven barranquillero cercano a la familia, quien presuntamente recibía parte de los recursos entregados por los empresarios.

Así operaría el presunto esquema de cobros

Según la información revelada, la estructura manejaba tarifas previamente definidas para quienes buscaban acceder a contratos públicos. Entre los montos mencionados aparecen:

• $1.000.000 por reuniones con supuestos contactos.
• $200.000.000 como anticipo para iniciar las gestiones.
• 10 % del valor de cada proyecto que eventualmente fuera adjudicado.

Los denunciantes aseguraron que Juliana Guerrero era quien adelantaba las supuestas gestiones ante entidades del Gobierno, mientras Verónica Guerrero mantenía el contacto permanente con los empresarios y coordinaba los aspectos relacionados con los pagos.

Tres personas que hicieron parte del entramado decidieron exponer el caso ante la revista. Dos de ellas afirmaron que les ofrecieron oportunidades de negocio relacionadas con cámaras de seguridad, un acueducto para el departamento del Cesar y proyectos de mejoramiento de vivienda, además de reuniones con alcaldes y funcionarios públicos.

Uno de los empresarios declaró bajo reserva:

“Se acordó que les daríamos 35 millones de pesos por cada municipio que nos adjudicaran, y el 10 por ciento de cada mejoramiento de vivienda por municipio”.

Según ese mismo testimonio, únicamente en el municipio de Aguachica, donde se proyectaban mejoramientos por $6.000 millones, las hermanas recibirían $60 millones.

Chats y viajes que hacen parte del expediente

Las evidencias publicadas también incluyen conversaciones de WhatsApp relacionadas con un proyecto de acueducto en el Cesar.

Según la investigación, Verónica Guerrero actuó como enlace con Edward Libreros, entonces viceministro de Agua y Saneamiento Básico. Como parte de las pruebas aparecen dos tiquetes aéreos adquiridos por empresarios para que la mujer viajara el 5 de diciembre de 2024 desde Bogotá hasta Aguachica y regresara esa misma noche desde Bucaramanga.

Seis días después de ese desplazamiento, Verónica escribió al empresario:

“Mi hermana (Juliana) ya está en eso. Ya ella habló con él (Edward Libreros). Quedaron de verse para que ella le comente el compromiso”.

Posteriormente comenzaron las entregas parciales del anticipo.

Las conversaciones continuaron durante los meses siguientes. El 10 de febrero de 2025, Verónica manifestó:

“Esperando que Hacienda nos libere los CDP”.

En el mismo intercambio aseguró que sostendría una reunión oficial con el entonces viceministro y su equipo para revisar la disponibilidad presupuestal de los proyectos.

Días más tarde atribuyó las demoras al Ministerio de Hacienda y, posteriormente, a las prioridades del Gobierno derivadas de la situación del Catatumbo y del estado de conmoción interior.

Consignaciones y movimientos de dinero

La investigación también expone que, tras diferencias surgidas entre las hermanas Guerrero y David Trespalacios, los recursos comenzaron a ser consignados directamente a cuentas personales.

Uno de los chats, fechado el 28 de diciembre de 2025, muestra cómo un empresario solicitó el número de Nequi de Juliana Guerrero para realizar una consignación de $5 millones, cuyo recibo fue enviado posteriormente por WhatsApp.

Según los documentos conocidos por Semana, uno de los empresarios habría entregado $53 millones, distribuidos entre efectivo y varias consignaciones por valores como:

• $5.000.000
• $1.800.000
• $3.200.000
• $3.950.000
• $3.050.000
• $10.000.000

Entre las conversaciones también aparece una instrucción sobre la distribución del dinero. De acuerdo con la publicación, David Trespalacios escribió:

“Verónica Guerrero, cuenta de ahorro, 12,5 (millones de pesos) aquí; Juliana Guerrero, 12,5 (millones de pesos) aquí; Wilmer Trespalacios, 10 (millones de pesos)”.

Los empresarios respondieron enviando los comprobantes de las respectivas transferencias.

Los mensajes sobre una presunta influencia en el Gobierno

Más allá del dinero, el expediente divulgado contiene conversaciones que, según los denunciantes, reflejarían una presunta capacidad de influencia dentro de diferentes entidades estatales.

En uno de los mensajes, un empresario comentó que los recursos serían destinados “para los de adentro” además de las hermanas. Verónica respondió:

“Exacto. Entre más uno les joda a los del min (Ministerio), ellos también joden”.

Las conversaciones también hacen referencia a presuntas reuniones de Juliana Guerrero en diferentes despachos oficiales. El 20 de enero de 2025, Verónica aseguró que su hermana estaba “en Palacio”, mientras que al día siguiente escribió:

“Juliana tiene reunión hoy con el jefe de jefes”.

Según las personas que entregaron el material, esa expresión hacía referencia al entonces presidente Gustavo Petro.

La investigación añade que los ofrecimientos no se limitaban al Ministerio de Vivienda. También aparecen menciones a Fiduagraria, el Fondo Colombia en Paz, el Ministerio de la Igualdad y el Ministerio de Ambiente, además de un audio en el que Juliana Guerrero habría aceptado apoyar gestiones relacionadas con la Gobernación del Cesar y con Jorge Barros.

Las declaraciones de Angie Rodríguez

Otro de los elementos incorporados al informe corresponde a las declaraciones entregadas por Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien afirmó a la Revista Semana que ambas hermanas ejercían influencia en entidades públicas sin ocupar cargos oficiales.

“Ella (Juliana Guerrero), sin ningún escrúpulo, tiene el descaro de ir a las entidades a mandar, a decir qué se contrata, a quién se vincula y a quién no. Ella, con su hermana, va al Ministerio de la Igualdad y toman decisiones sin ser funcionarias públicas”.

Finalmente, uno de los últimos mensajes publicados por la revista muestra a Verónica Guerrero explicando que dedicaba parte de su tiempo a evitar la salida de un alto funcionario del Ministerio de Ambiente, pues, según su versión, perder ese contacto podría afectar intereses que consideraba estratégicos dentro de esa cartera.

Las revelaciones continúan generando repercusiones políticas y podrían dar paso a nuevas investigaciones por parte de las autoridades competentes para establecer el alcance de los hechos denunciados y determinar si existieron responsabilidades penales o disciplinarias.